El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha admitido este viernes ante el juez que se produjeron reuniones relacionadas con el rescate de Air Europa antes de que se abriese el plazo oficial de petición de las ayudas. Lora declaró como investigado en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea en noviembre de 2020.
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Lora negó cualquier irregularidad en la concesión del rescate y explicó que los encuentros tuvieron lugar en julio de 2020, varios meses antes de que se abriera el periodo para solicitar las ayudas públicas. En esas reuniones participaron representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia —matriz de Air Europa—, miembros de la SEPI y del Ministerio de Asuntos Económicos, entonces dirigido por Nadia Calviño.
La declaración de Lora, que duró aproximadamente una hora y media, se enmarca en una causa abierta a raíz de una querella presentada por el Partido Popular y Vox, que fue admitida a trámite por el magistrado José María Escribano. En el auto de admisión, el juez consideró que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa».
A la salida del juzgado, Lora evitó hacer declaraciones a la prensa, aunque su abogada señaló que su cliente «ha contestado a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo». La defensa sostiene que no hubo trato de favor ni irregularidades en el proceso de concesión del préstamo, que fue aprobado por el consejo gestor de la SEPI tras un informe favorable de la Abogacía del Estado.
El magistrado ha ordenado requerir a la SEPI una amplia documentación para esclarecer los hechos. En concreto, ha solicitado la identificación del secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones que trataron el rescate, los invitados a dichas reuniones, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo. El objetivo es citar a todas estas personas en la fase de instrucción.
Además, el juez ha reclamado el expediente íntegro del préstamo, incluyendo actas, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y a la presidencia en las reuniones. También ha pedido los listados de asistentes, la consulta formulada sobre los antecedentes remitidos, el informe completo emitido —«especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación»—, los informes de fiscalización o control sobre la operación, y las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de la SEPI y el consejo gestor.
La investigación abarca también la correspondencia electrónica, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Fuentes jurídicas han señalado que el vicepresidente de la SEPI todavía no ha hecho entrega de esta documentación, que deberá aportar en los próximos días.
El rescate de Air Europa se enmarca en el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado por el Gobierno durante la pandemia de covid-19. La SEPI concedió un préstamo participativo de 475 millones de euros a la aerolínea en noviembre de 2020, cuando la compañía atravesaba graves dificultades financieras debido a la caída del tráfico aéreo. La operación fue aprobada por el consejo gestor del fondo, que incluye representantes de varios ministerios.
La querella de PP y Vox sostiene que el proceso de concesión del préstamo pudo haber vulnerado los plazos y procedimientos establecidos, al mantener reuniones previas a la apertura del plazo de solicitud de ayudas. Sin embargo, Lora ha defendido que esos encuentros fueron de carácter exploratorio y técnico, sin que implicaran una decisión anticipada sobre la concesión del rescate.
El caso sigue su curso en el juzgado de instrucción, que deberá determinar si existen indicios suficientes para imputar a más personas o elevar la causa a la fase de juicio oral. Mientras tanto, la SEPI ha reiterado que actuó conforme a la legalidad y que el préstamo fue aprobado siguiendo todos los procedimientos establecidos, con informes jurídicos y económicos favorables.