La Donación de Constantino, un documento que aseguraba que el emperador romano había entregado al papa Silvestre I la autoridad sobre Roma y la parte occidental del Imperio en el siglo IV, fue utilizada por al menos diez pontífices para justificar sus pretensiones territoriales. La falsificación, elaborada varios siglos después de los hechos que describía, se convirtió en un instrumento clave para defender las ambiciones políticas de Roma durante la Edad Media.
La historiadora medieval Vanessa Corcoran ha reconstruido cómo aquella falsedad consiguió mantenerse durante tanto tiempo y cómo terminó siendo desenmascarada. El relato que sustentaba la concesión presentaba a Constantino como un emperador enfermo de lepra que había recibido instrucciones durante un sueño para buscar el bautismo de Silvestre. Tras recuperar la salud, supuestamente decidió recompensar al pontífice con una autoridad política extraordinaria. El escrito también atribuía a la Iglesia propiedades en Judea, Grecia, Asia, Tracia y África, además de diversos territorios italianos e islas.
El primer problema histórico aparece al examinar cuándo comenzó a circular el documento, pues ningún testimonio anterior al siglo VIII menciona su existencia. En el año 778, el papa Adriano I escribió al monarca franco Carlomagno para pedirle nuevas concesiones de tierras después de que su padre, Pipino el Breve, hubiera entregado a la institución religiosa territorios que acabarían formando los Estados Pontificios. Algunos historiadores consideran que aquella carta demuestra que Adriano ya conocía un documento imperial que serviría durante siglos para defender las ambiciones políticas de Roma.
En 1054, coincidiendo con la ruptura entre las Iglesias oriental y occidental, León IX invocó expresamente el documento en una carta. Las autoridades bizantinas rechazaron aquellas pretensiones y consideraron que Roma pretendía ampliar su poder mediante una concesión imperial cuestionable. El texto siguió apareciendo posteriormente en escritos eclesiásticos relacionados con la autoridad pontificia sobre los gobernantes. La influencia de aquella supuesta entrega imperial llegó también a la literatura del siglo XIV, cuando Dante Alighieri la incorporó a su Divina comedia. El poeta situó al papa Nicolás III en el octavo círculo del infierno, condenado por simonía, la compraventa de cargos religiosos, y vinculaba esa corrupción con el creciente interés de la Iglesia por las riquezas y el gobierno de territorios.
Las primeras críticas históricas documentadas adquirieron fuerza en 1433, cuando el cardenal Nicolás de Cusa cuestionó públicamente la autenticidad del escrito en De concordantia catholica. Su argumento partía de una ausencia documental decisiva: los testimonios del siglo IV guardaban silencio sobre semejante transferencia de poder. Pocos años después, el sacerdote y humanista italiano Lorenzo Valla profundizó en esa sospecha mediante el análisis del lenguaje empleado en la falsificación. Su examen identificó expresiones impropias de la época de Constantino y añadió una objeción jurídica sobre la capacidad del emperador para entregar aquella autoridad. Valla situó la posible elaboración del escrito entre los años 750 y 850 y denunció que la Iglesia hubiera defendido durante siglos su autenticidad.
La investigación continuó después de Valla y encontró nuevos defensores entre los intelectuales europeos, aunque la aceptación de sus conclusiones avanzó lentamente. Hacia 1450, el obispo inglés Reginald Pecocke señaló otros anacronismos lingüísticos, mientras que el futuro papa Pío II reconoció en un escrito inédito de 1453 que la donación probablemente era falsa. El humanista Erasmo de Róterdam elogió posteriormente el rigor investigador de Valla. Sin embargo, el reconocimiento generalizado de la falsificación tuvo que esperar hasta comienzos del siglo XVII, tras los trabajos del cardenal e historiador Cesare Baronio.