Dos mujeres que trabajaron en las mansiones de Julio Iglesias han dado un paso más en su batalla judicial. Rebeca y Laura, nombres ficticios para proteger su identidad, presentaron este jueves una querella contra el cantante ante la Audiencia Nacional, según ha informado Women’s Link, la organización que las representa. El escrito acusa al artista de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trato vejatorio.
Ambas mujeres trabajaron en 2021 en régimen interno en las propiedades que Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas. Según el relato recogido en la querella, el cantante habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades en un clima de intimidación constante. La organización describe que Iglesias las habría sometido a acoso y agresiones sexuales continuas, además de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes, con insultos y humillaciones durante la jornada de trabajo.
El caso ya había pasado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En enero de 2026, Rebeca y Laura interpusieron una denuncia que fue archivada apenas diez días después de anunciarse la apertura de diligencias. El Ministerio Público concluyó entonces que no podía seguir adelante por la falta de competencia de los tribunales españoles para juzgar unos hechos ocurridos íntegramente en el extranjero, pese a que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. Esa decisión fue cuestionada por juristas y catedráticos que consideran que España sí tiene jurisdicción para investigar el caso.
La querella ahora presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que la denuncia anterior, con un añadido: un delito de trato degradante. El texto incorpora además una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española es competente para indagar estos hechos. A diferencia de lo ocurrido con la Fiscalía, la decisión sobre la competencia recaerá ahora en un juez, que deberá determinar si España puede investigar el caso.
Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos de conexión con España. La organización subraya que la nacionalidad española del querellado y su residencia habitual en el país son elementos suficientes para que la justicia española asuma el caso. Rebeca y Laura han solicitado además medidas de protección específicas mientras continúan su búsqueda de justicia.
Los hechos salieron a la luz pública en enero, cuando una investigación periodística publicada por y Univision Noticias recogió los testimonios de estas dos mujeres. En sus relatos, describieron que Iglesias las presionaba para mantener encuentros sexuales y relataron penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Las extrabajadoras aseguraron que el ambiente de control e intimidación era constante durante su estancia en las mansiones del artista.
La organización que representa a las mujeres confía en que el tribunal revise la información con una interpretación amplia y comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de juristas y académicos que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles. Ahora será el juez al que se asigne la querella el que decida si inicia una investigación respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición.