La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley que prorroga las ayudas para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, con los votos a favor del PP, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, entre otros. Vox ha votado en contra. La norma mantiene en vigor las rebajas fiscales a los combustibles, las medidas específicas para el campo y el transporte y el tope a la tarifa del gas para los hogares vulnerables.
El vicepresidente primero y ministro de Economía ha defendido un texto que, ante la incertidumbre por el conflicto y las tensiones en los mercados internacionales, «profundiza en una apuesta equilibrada» para proteger a empresas y sectores afectados. Desde marzo se han movilizado 12.000 millones de euros con el objetivo de «continuar dando protección y seguridad a ciudadanos y empresas», según ha destacado el responsable económico del Ejecutivo.
En el ámbito de los carburantes, la rebaja fiscal aprobada a finales de septiembre contempla un recorte de 20 céntimos por litro para el mes de octubre a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre. No obstante, existe una cláusula de salvaguarda que se activa si los precios superan un incremento del 15% interanual. El dato de inflación de septiembre ha confirmado ese extremo, por lo que la rebaja equivalente de 20 céntimos se mantendrá también en noviembre.
El ministro ha asegurado que las rebajas están funcionando y que las gasolineras las aplican íntegramente en los precios. Al día siguiente de aprobarse el nuevo real decreto ley de ayudas, el 82% de las estaciones de servicio «ya había trasladado el total de esta reducción impositiva». Según sus datos, el alivio fiscal permite compensar el 60% del aumento del coste de la gasolina y un 40% en el caso del diésel.
La norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de tres millones de consumidores. Para evitar «un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio», se introduce un mecanismo similar al que estuvo operativo entre finales de 2021 y junio de 2024, que limita las subidas de la tarifa regulada del gas. En concreto, se topa el componente relacionado con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.
El decreto también establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre la electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%. Además, introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025, y una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.
Para el sector agrario, el texto amplía el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal destinada a sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores. El importe para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 será de hasta el 70% de la diferencia entre el precio medio semanal del gasóleo agrario y el precio anterior al inicio del conflicto, sin que pueda superar los 0,2 euros por litro. Asimismo, se amplía la ayuda compensatoria a las empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de los costes productivos derivados del alza de los combustibles.
En el transporte por carretera, se prorroga para octubre, noviembre y diciembre la ayuda extraordinaria para sufragar el gasóleo de uso profesional. El importe será de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. Si por aplicación del mecanismo de salvaguarda la bajada del tipo del gasóleo fuera mayor en noviembre, la ayuda se ajustaría a 5 céntimos por litro y, en diciembre, a 5 o 12 céntimos según el caso. En el ámbito ferroviario, se establece una línea adicional de ayudas directas para compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico.