El Partido Popular ha mostrado su desconfianza ante la decisión del Gobierno de trasladar de forma urgente a 500 menores migrantes de Ceuta a la Península. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha cuestionado la premura de la medida y ha asegurado que «hay algo que no nos están contando» desde el Ejecutivo. En una rueda de prensa, Fúnez ha preguntado directamente: «¿Qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno quiera sacar de allí a 500 niñas?».
La dirigente popular ha sugerido que la rapidez podría estar relacionada con un incremento de la inseguridad y de los delitos contra la libertad sexual en la ciudad autónoma. Para respaldar esta hipótesis, ha citado las declaraciones de un juez que asegura que «antes del día 30 de julio el número de detenidos que llegaba al juzgado era de diez y a día de hoy son 66, la mayoría con casos que van contra la libertad sexual». Por ello, el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que explique los protocolos que está poniendo en marcha y si ha coordinado actuaciones con el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Fúnez ha insistido en que Redondo debe dar explicaciones sobre la situación y sobre si su departamento ha activado algún mecanismo para «proteger a las mujeres que en estos momentos están en la ciudad de Ceuta». Además, ha negado las afirmaciones del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, quien aseguró que el PP y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, conocían el plan de choque para trasladar a las 500 menores. «A las comunidades del PP no se les ha trasladado absolutamente nada», ha aseverado, y ha pedido al secretario y a la ministra que «dejen de retorcer el lenguaje y de generar bulos».
La vicesecretaria popular también ha recordado las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó el pasado 11 de agosto que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos». Desde Génova insisten en que «nadie ha hablado de deportaciones, lo que pedimos es que se cumpla la ley». Fúnez ha criticado la «desprotección» del Ejecutivo hacia los ceutíes y la falta de información sobre la filiación de los menores: «A día de hoy los datos que conocemos son prácticamente los mismos que hace una semana».
La dirigente del PP ha subrayado que la legislación establece que «el interés del menor es estar con su familia» y ha reclamado al ministerio que incoe «los expedientes individualizados para que esos menores se sientan protegidos». También ha pedido que se inicien contactos con los servicios sociales de Marruecos para la reagrupación familiar. En este sentido, ha censurado que no se sepa si se han dado pasos en esa dirección.
Fúnez ha ampliado sus críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha acusado de ignorar el «colapso sanitario» en Ceuta. Ha recordado que se han diagnosticado «veinticuatro casos de sarna en los militares» y dos en policías, y ha reclamado un protocolo conjunto con los ministerios de Defensa e Interior para «prevenir, detectar y diagnosticar cuanto antes esta enfermedad y proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los militares».
Tres semanas después del asalto masivo a Ceuta, el PP continúa reclamando un mando único para ejecutar las medidas necesarias y devolver la normalidad a la ciudad. «Es una auténtica irresponsabilidad que, ante una crisis como la que estamos viviendo, el Gobierno no tenga un máximo responsable ante la ausencia de su presidente», ha cargado Fúnez. También ha lamentado la falta de información sobre las causas de la entrada masiva: «No sabemos exactamente qué ocurrió, si lo sabían antes, por qué no pusieron los medios y, por supuesto, son también tres semanas sin que se haya conseguido esa normalidad que tanto están pidiendo el presidente Vivas y el resto de ceutíes».
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en el plan de acogida anunciado por la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, para trasladar a 500 menores a la Península, aunque aún se desconoce el destino y la fecha exacta. Según la Policía Nacional, desde el 30 de julio se ha registrado la localización y filiación de 2.168 menores en Ceuta, aunque el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha elevado la cifra a «2.400, 2.500 menores, pero sabemos que hay más». La ONG Save the Children maneja datos similares, lo que refleja la magnitud de una crisis que sigue sin resolverse.