El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la aprobación del decreto de medidas en materia de vivienda que tenía previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros. La decisión responde a la falta de apoyos suficientes para convalidar el texto en el Congreso de los Diputados, un paso imprescindible para que el real decreto-ley despliegue sus efectos de forma permanente. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda, que han señalado que el Ejecutivo busca ganar tiempo para alcanzar un «gran acuerdo» con los grupos parlamentarios.
El real decreto-ley, pactado la semana pasada entre el PSOE y Sumar, incluía una nueva prórroga extraordinaria para los contratos de alquiler, bonificaciones en el IRPF para propietarios que bajen el precio del alquiler, una subida del IVA de los pisos turísticos al 21 %, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, y modificaciones en la ley del suelo para agilizar los desarrollos urbanísticos. Sin embargo, tanto Podemos como Junts han mostrado su rechazo a varios puntos del texto, lo que complicaba su tramitación parlamentaria.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó el decreto como una «reforma encubierta de la ley del suelo» que daría «carta blanca a los pelotazos urbanísticos ilegales». La formación morada exigió la retirada de esa parte del texto y la consideró una «línea roja» para cualquier negociación. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, criticó en redes sociales la mezcla de medidas de distinta índole en un mismo texto «como si la vivienda fuera un todo o nada» y reclamó al Gobierno que impulse medidas orientadas a aumentar la oferta de vivienda, como desgravaciones fiscales para pequeños propietarios. Junts instó al Ejecutivo a aprovechar el verano para estudiar e incorporar sus propuestas y advirtió de que «es necesario un giro de 180 grados» en la política habitacional.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, justificó el aplazamiento señalando que el resto de grupos políticos han pedido «un poco más de tiempo». «Ese tiempo estamos dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que seamos lo más rápidos posible porque muchas familias están esperando que esto se apruebe», afirmó este lunes en rueda de prensa. Urtasun aseguró que las conversaciones «avanzan bien» y que ningún grupo de la mayoría de investidura se ha levantado de la mesa de negociación. El portavoz subrayó que el objetivo es que todos los partidos puedan «hacer suyo» el decreto.
Desde el Ministerio de Vivienda se muestran optimistas sobre el estado de las negociaciones. Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez insisten en que, pese a la «complejidad» del texto, durante las últimas semanas han constatado que existe «posibilidad de acuerdo». «La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura», aseguran las mismas fuentes, al tiempo que recalcan que harán «todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía».
El aplazamiento del decreto supone un contratiempo para el Gobierno, que se había comprometido a aprobar medidas para atajar la crisis habitacional antes del parón estival. El Ejecutivo confía en que el paréntesis de agosto permita tender puentes con las formaciones críticas y lograr un respaldo suficiente en el Congreso tras el verano. La vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos de la legislatura, con unos precios del alquiler al alza y una oferta limitada que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con menos recursos.
El decreto que finalmente se apruebe en septiembre deberá superar el trámite de convalidación en el Congreso en un plazo máximo de un mes desde su publicación. Si el texto no obtiene la mayoría suficiente, decaería y el Gobierno debería buscar nuevas vías legislativas para impulsar las medidas. De momento, la decisión de aplazar la aprobación busca precisamente evitar ese escenario y construir un consenso más amplio que garantice la viabilidad de la nueva norma.