El Gobierno ha activado un nuevo paquete de medidas de vivienda después de que este miércoles se publicaran en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros. Las normas recuperan disposiciones similares a las que fueron rechazadas el pasado viernes en el Congreso, aunque en esta ocasión deberán pasar por la Diputación Permanente debido a la disolución de las Cortes por las elecciones del 29 de noviembre.
Una de las principales novedades es el programa Tu Casa, que contará con 10.000 millones de euros del ICO para conceder préstamos de hasta 50.000 euros a jóvenes y familias que compren su primera vivienda y no dispongan del ahorro necesario para acceder a una hipoteca. Los créditos tendrán un interés del 0%, sin comisiones, y podrán contar con un periodo de carencia de hasta 30 años.
En materia de alquileres, los contratos que finalicen hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse anualmente durante un máximo de dos años si se cumplen las condiciones establecidas. El propietario deberá aceptar la extensión salvo en supuestos como la necesidad acreditada de recuperar la vivienda para uso propio o de determinados familiares. También se recupera un límite para las actualizaciones de renta: hasta finales de 2027, los alquileres que superen el índice estatal de referencia no podrán subir y, en el resto de casos, si no existe acuerdo entre las partes, el incremento máximo será del 2%.
Los alquileres de temporada deberán responder a una causa temporal acreditable y, como norma general, tendrán una duración de entre 31 días y 12 meses. Además, la suma del precio de las habitaciones de una vivienda no podrá superar la renta que correspondería al inmueble completo.
El decreto mantiene hasta finales de 2030 un sistema de protección ante determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La Administración dispondrá de dos meses para ofrecer una alternativa o asumir determinadas cantidades adeudadas al propietario. Hasta esa misma fecha, los grandes tenedores y determinados fondos tendrán limitada la compra de viviendas por debajo del 70% de su valor, salvo las excepciones recogidas en la norma.
El paquete recupera además una deducción estatal del 10% en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual para contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007 euros. Los pequeños propietarios también podrán acceder a reducciones fiscales de hasta el 100% sobre el rendimiento del alquiler dependiendo de las condiciones del contrato. Los pisos turísticos pasarán a tributar al 10% de IVA y los ayuntamientos de zonas tensionadas podrán establecer recargos en el IBI. También se modifica la fiscalidad de las socimis.
El decreto contempla asimismo el traspaso de viviendas de la Seguridad Social a Casa 47, hasta 2.000 millones en avales para vivienda social o asequible, 280 millones para construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores sociales de vivienda. Los anuncios de alquiler en zonas tensionadas tendrán que incorporar más información sobre precios y grandes tenedores.
El segundo decreto plantea los alquileres indefinidos y prevé su entrada en vigor el 15 de noviembre. Su futuro parlamentario es distinto: el Gobierno reconoce que, por ahora, no dispone de los mismos apoyos en la Diputación Permanente para sacar adelante esta segunda norma.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá los dos decretos si sus servicios jurídicos concluyen que existe «invasión de competencias». El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, ha calificado las normas de «fraude y panfleto electoral» y ha exigido «políticas eficaces». «Estos decretos son un fraude, un panfleto electoral y darán la puntilla al mercado de la vivienda, a un mercado del alquiler que ya cuenta con 400.000 pisos menos desde que el actual Gobierno tomó las riendas del país», ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. García Martín ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «casi 8 años sin políticas eficaces de vivienda» y que ahora improvise «un paquete de medidas que no pueden pagar porque no tienen presupuesto».
Los servicios jurídicos de la Comunidad analizarán además si los textos vulneran «los derechos de propietarios e inquilinos». El portavoz ha cuestionado también la vía elegida para sacarlos adelante. A su juicio, que la Diputación Permanente del Congreso termine convalidándolos sería «un fraude de ley y una estafa» a los españoles, cuya voz se defiende en un Parlamento que «ya dijo no a estos decretos».