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La Guardia Civil no descarta una nueva entrada masiva en Ceuta impulsada por Marruecos

Un dosier de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional sostiene que Rabat podría usar la presión migratoria para desprestigiar a España de cara al Mundial, mientras la jueza María Tardón investiga la crisis de los días 30 y 31 de julio.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

La Guardia Civil no descarta que Marruecos promueva o consienta una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta con el objetivo de presionar políticamente a España en el marco del Mundial de fútbol. Así lo recoge un dosier entregado por el Servicio de Información de la Guardia Civil a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

Según el documento, Rabat podría utilizar la migración como herramienta política para « desprestigiar España » de cara al evento deportivo y, de esa manera, lograr que la final se dispute en territorio marroquí. El informe recuerda que el próximo Mundial de fútbol, previsto para 2030, se celebrará de forma conjunta en España, Marruecos y Portugal, y que el régimen de Mohamed VI aspira a que la final tenga lugar en su país.

El dosier también apunta a la posibilidad de que Marruecos aproveche la entrada masiva para lanzar mensajes políticos que reivindiquen la soberanía de Ceuta y Melilla, o bien una cosoberanía, como fórmula para evitar futuras crisis migratorias. Son hipótesis recogidas en el informe y no hechos confirmados por la investigación judicial.

En cuanto a las alertas previas, el documento analiza los avisos emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes del 30 de julio, cuando comenzó la crisis. Según el informe, esas advertencias contenían « información parcial insuficiente para dimensionar la amenaza » y no permitieron prever el colapso fronterizo que se produjo. La Guardia Civil considera que, para anticipar lo sucedido, habría sido necesario identificar la formación de una masa crítica de inmigrantes capaz de superar a los agentes de seguridad marroquíes, o una reducción sustancial de las medidas de contención.

La Guardia Civil considera improbable que crisis anteriores fueran ordenadas directamente por el Estado marroquí, pero advierte de que una menor cooperación fronteriza facilitaría nuevos accesos masivos. El dosier subraya, en este sentido, la posible intención de Marruecos de « promover » o « consentir » esa entrada masiva.

La investigación judicial avanza en paralelo. La magistrada ha aplazado al 1 de diciembre la declaración como imputado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que dimitió de su cargo el 28 de septiembre y es el primer imputado en la causa. Según las fuentes citadas, el aplazamiento responde a la necesidad de que su abogado particular pueda estudiar el expediente, después de que se rechazara que la Abogacía del Estado asumiera su defensa.

Entre los testigos que han desfilado por la Audiencia Nacional figuran el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado, que ha asegurado que trasladó verbalmente a Pérez Triano los avisos recibidos de un miembro del CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. La dimisión de Sanz, motivada por sus discrepancias sobre si hubo o no aviso del CNI, dejó a Pérez Triano en una situación comprometida.

La causa se nutre también de escritos de la Fiscalía de Ceuta, que propuso investigar la conducta y la eventual responsabilidad del entonces delegado del Gobierno ante posibles omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio y protección. Además, la asociación Hazte Oír presentó el 2 de septiembre una querella contra Pérez Triano por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave. Pérez Triano, por su parte, renunció a su cargo sintiéndose víctima, según sus palabras, de una « campaña injusta ».

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