Los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han respaldado la huelga general del próximo 11 de noviembre en favor de una vivienda y unos salarios dignos, tras la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que la desconvoquen. El dirigente popular pidió a los sindicatos que no la celebraran tras las elecciones y el accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido 69 personas. «Es un grave error», llegó a afirmar.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, respondió al líder del PP con una pregunta directa: «¿Usted está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4% del PIB? ¿Con qué recursos va a afrontar, por tanto, el refuerzo de las infraestructuras públicas?». Sordo ha afirmado que esa rebaja se puede hacer «sin arruinar» al país, a la ciudadanía y a servicios públicos como la sanidad, la educación y la inversión ferroviaria, un debate que ha vuelto a estar sobre la mesa tras el accidente de Urda.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, calificó de «un poco insultante» el argumento de Feijóo. «No nos ha dado ningún argumento de fondo para desconvocar la huelga», sostuvo, en referencia a la petición del dirigente del PP de suspender el paro «a tres semanas de ser llamados a las urnas». Según Álvarez, Feijóo no ha respondido a los motivos concretos de la movilización.
Feijóo había sostenido ante las organizaciones convocantes que «en un país no todo puede leerse con el prisma del interés partidista» y que, «en las circunstancias actuales, la huelga general prevista para la próxima semana debe de desconvocarse». Sordo consideró que el líder del PP «se siente aludido» por la convocatoria, y añadió que «por algo se sentirá aludido».
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, su portavoz Alicia del Río afirmó que desconvocar la huelga «no resuelve la crisis de vivienda». Añadió que «intentar utilizar el accidente contra la huelga es patético y es no entender nada de estas movilizaciones, que luchan precisamente por unos mejores servicios públicos».
Los sindicatos recuerdan los motivos de la convocatoria, que comparten con multitud de organizaciones y con el Sindicato de Inquilinas: la dificultad generalizada de acceso a una vivienda digna y la exigencia de subidas salariales que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de márgenes empresariales récord. La movilización incluye también la defensa de los servicios públicos y de derechos como las pensiones públicas, un sistema que PP y Vox han cuestionado en las últimas semanas.
Feijóo anunció además varias medidas contra «el absentismo», en referencia a las bajas médicas laborales, muy criticadas por los sindicatos. Entre ellas, indicó que aprobaría que las mutuas puedan dar el alta en enfermedad común si gobierna. Los líderes sindicales han advertido de que el paro del 11N es una huelga atípica y que no va «contra la oposición», como dijo Feijóo, sino contra todos los actores implicados en las políticas de vivienda, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como contra la patronal por las políticas salariales y el reparto de la riqueza.
Sordo amplió el argumento al poder legislativo. «El poder legislativo, es decir, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, son tan susceptibles de ser criticados y ser emplazados como pueda ser el poder ejecutivo». Recordó que, si el partido de Feijóo ha votado en contra de la convalidación de dos decretos sobre vivienda o de la reducción de la jornada laboral, «podrá ser señalado» por las organizaciones sindicales, que han pactado esa reducción con el Ejecutivo.