El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa de extender la suspensión del derecho de voto a los hijos de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la ley de nietos en las elecciones del 29 de noviembre. La resolución, adoptada este lunes, mantiene la restricción solo para los padres, un colectivo de unas 163.000 personas, y deja fuera del veto a los menores, que según las cifras del tribunal suman alrededor de 189.678.
Los magistrados justifican la decisión en la falta de tiempo. Con los comicios a unas tres semanas, consideran que no les daría tiempo a notificar y escuchar a los afectados antes de la votación. Además, sostienen que revisar ahora el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) podría poner en riesgo la estabilidad jurídica y electoral del proceso. El tribunal reconoce que ese mismo razonamiento sería aplicable a los hijos, pero aun así no amplió la medida.
La suspensión para los padres se mantiene salvo que acrediten descender de un antepasado exiliado. Según los datos aportados por el tribunal, solo 901 de los cerca de 163.000 nacionalizados han podido probar esa condición. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Justicia facilitaron al tribunal el listado de nacionalizados que sirvió de base para el análisis.
La resolución no es unánime. El magistrado Fonseca-Herrero habría querido extender el veto también a los hijos, mientras que el magistrado Millán sostiene que el impacto real equivale aproximadamente al 0,42 % del electorado. El propio tribunal califica la cifra de afectados de considerable, aunque representa una parte reducida del censo.
Desde el Gobierno, fuentes gubernamentales han celebrado el rechazo a ampliar la suspensión, pero critican al tribunal por no restablecer el derecho de voto de los padres. El Ejecutivo confía en que la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto proteja a los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática. Esa sentencia aún está pendiente, y el tribunal sigue examinando los recursos individuales presentados por personas afectadas.
Queda además una incertidumbre añadida: algunos hijos podrían haber adquirido la nacionalidad por nacimiento y no por la ley, un matiz que puede pesar en la situación jurídica de cada caso. El tribunal advierte también de que los votos afectados podrían influir en el reparto de escaños, lo que añade relevancia a la cuestión de cara a los comicios.