Más de 3.000 migrantes que permanecían en los asentamientos improvisados de las playas de Benítez y El Trampolín, en Ceuta, han sido trasladados este viernes a un nuevo centro temporal de acogida habilitado en la zona portuaria, a pesar de que sus instalaciones solo disponen de 1.700 plazas. El operativo, desplegado desde primera hora de la mañana, ha estado marcado por momentos de tensión y cargas policiales.
El dispositivo, que ha contado con la participación de 170 agentes de la Policía Nacional —entre efectivos de la UIP, técnicos de drones y miembros de diversas unidades—, así como con 70 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de la USECIC, ha comenzado sobre las 7.15 horas. Los agentes han concentrado primero a los migrantes de la playa de Benítez y después a los de El Trampolín para reunir a ambos grupos en la primera de estas zonas. Desde allí, las más de 3.000 personas han iniciado un desplazamiento a pie por el paseo marítimo de Benítez en dirección a la carretera de servicio situada detrás de la nave de San Pablo, próxima al nuevo recurso de acogida.
Una vez alcanzado ese punto, el dispositivo ha organizado el acceso al recinto en grupos reducidos de aproximadamente un centenar de personas para facilitar su entrada ordenada y proceder a su filiación. Sin embargo, esta división ha provocado momentos de tensión cuando numerosos migrantes han intentado adelantarse para acceder antes al campamento y varios han roto a la carrera el cordón establecido por las fuerzas de seguridad. La situación ha obligado a intervenir a los agentes para recuperar el control y evitar una avalancha. Durante esos instantes se han empleado medidas disuasorias y se han efectuado disparos al aire, según ha podido comprobar EFE en el lugar. El episodio fue controlado en poco tiempo y el operativo pudo continuar sin nuevos altercados ni incidentes de mayor consideración.
Tras restablecerse el orden, los migrantes han permanecido sentados en la carretera próxima al nuevo centro a la espera de que los agentes autorizaran su entrada de forma paulatina. El acceso se ha realizado de manera escalonada y cada persona es filiada antes de entrar en unas instalaciones que todavía continúan siendo acondicionadas y que no se encuentran completamente terminadas. El nuevo recurso temporal, instalado en la explanada del Muelle de Poniente, dispone de alrededor de 1.700 plazas, una capacidad inferior al número de personas que ocupaban los dos asentamientos objeto del operativo.
La actuación permitirá también conocer con mayor precisión el número y la situación de las personas que permanecían en Benítez y El Trampolín, donde convivían adultos y menores desde la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. El traslado se ha producido después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en funcionamiento del campamento del puerto. El tribunal había acordado inicialmente suspender temporalmente su habilitación mientras analizaba la petición urgente del sindicato, aunque finalmente descartó mantener la medida y señaló que las actuaciones que adopte el Ministerio del Interior deberán establecer las condiciones de seguridad para los agentes y para las personas alojadas.
La apertura de este recurso forma parte del dispositivo habilitado para retirar progresivamente los asentamientos improvisados surgidos en diferentes puntos de Ceuta y concentrar a sus ocupantes en instalaciones donde puedan ser identificados y atendidos mientras se determina individualmente su situación administrativa. Paralelamente, se continúa trabajando en el acondicionamiento de otros espacios para incrementar las plazas disponibles, entre ellos el campo de fútbol del acuartelamiento de Montesa número 3, perteneciente al Regimiento de Caballería. También se estudia habilitar otra instalación temporal en una parcela situada detrás del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, que podría aportar alrededor de 2.000 plazas adicionales.
El Gobierno central ha defendido el retorno a Marruecos de quienes puedan ser legalmente devueltos, una posición en la que también ha insistido desde el inicio de la crisis el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mientras que los menores y el resto de personas con circunstancias específicas quedan sujetos a los procedimientos previstos para cada caso.