La Policía de Ecuador detuvo en el aeropuerto internacional de Quito a una ciudadana rusa que intentaba viajar con 32 iguanas marinas escondidas en su equipaje. Los reptiles, que se encuentran bajo protección por ser una especie endémica de las islas Galápagos, fueron descubiertos durante un control de seguridad en la terminal aérea de la capital ecuatoriana.
El hallazgo se produjo cuando los agentes revisaron la maleta de la mujer y encontraron los ejemplares vivos, según informó la institución policial el sábado. La detención se enmarca en los operativos contra el tráfico ilegal de especies silvestres, un delito que en Ecuador puede acarrear penas de prisión y multas económicas significativas.
Las iguanas marinas son una de las especies más emblemáticas del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de la costa continental ecuatoriana. Este animal, que inspiró al naturalista Charles Darwin durante su visita a las islas en 1835, es el único lagarto del mundo que se alimenta en el mar y está catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El tráfico de fauna silvestre representa una amenaza constante para el ecosistema único de Galápagos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978. Las autoridades ecuatorianas han reforzado en los últimos años los controles en puertos y aeropuertos para frenar la salida ilegal de especies endémicas, muy demandadas en el mercado negro internacional por coleccionistas y criadores.
La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quedó a disposición de la Fiscalía ecuatoriana, que deberá determinar su situación jurídica en las próximas horas. Los reptiles fueron trasladados a un centro de manejo especializado para evaluar su estado de salud antes de decidir su retorno a su hábitat natural.
Este caso se suma a otros incidentes similares registrados en la región andina, donde el contrabando de animales exóticos se ha convertido en un negocio lucrativo. Organizaciones conservacionistas han alertado en repetidas ocasiones sobre el impacto que esta actividad ilegal tiene en poblaciones ya de por sí reducidas, como la de la iguana marina, que depende de las corrientes frías del océano Pacífico para alimentarse de algas.
Las autoridades han recordado que la venta y exportación de especies silvestres sin los permisos correspondientes constituye un delito contra la biodiversidad. En Ecuador, la legislación ambiental contempla sanciones que pueden alcanzar los tres años de prisión para quienes trafiquen con fauna protegida, además de la confiscación de los animales y de los medios utilizados para cometer el ilícito.