La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recurre por primera vez a informantes en sus investigaciones, con un programa que ofrece reducir sanciones a los implicados que aporten información sobre presuntas irregularidades en contratos públicos de organismos electorales, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE). El anuncio se difundió mediante un comunicado y una infografía publicados en la cuenta oficial de la institución en la red social X.
El esquema se sustenta en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite disminuir las sanciones a quienes colaboren con la autoridad a cambio de información. De acuerdo con los datos difundidos, los informantes podrían recibir beneficios de ese tipo como contraprestación por lo que aporten a la investigación. La ASF no precisó cuántos informantes participan en el caso ni qué beneficios concretos podrían obtener.
Según la institución, los colaboradores han entregado testimonios, documentos, fotografías, videos y datos financieros. También proporcionaron domicilios, mensajes de WhatsApp, nombres y alias de presuntos involucrados. A partir de esa información, la ASF sostiene que los beneficiarios efectivos de algunas empresas habrían manipulado la selección de proveedores y los requisitos técnicos de las contrataciones. El comunicado no menciona públicamente a personas, empresas ni organismos electorales.
La dependencia afirmó que identificará a todos los involucrados, rastreará el flujo de recursos y buscará las sanciones correspondientes. Por el momento no se ha informado si los hallazgos derivarán en denuncias penales.
La investigación abarca, según reportes periodísticos, al INE, a organismos públicos locales electorales (OPLE), a empresas proveedoras y a funcionarios. La pesquisa se abrió tras una publicación del diario Reforma sobre irregularidades en la contratación de bienes por parte del INE. Esas notas dieron a conocer la presunta participación de la empresa Cajas Graf y de una red de proveedores.
Entre los datos reportados, una de las empresas habría registrado operaciones simuladas, por lo que el Servicio de Administración Tributaria la sancionó. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló a siete empresas proveedoras. Hasta ahora, sin embargo, no se ha establecido una responsabilidad definitiva para ninguna persona o compañía.
El caso se produce en medio de una crisis en el instituto electoral. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, renunció en el contexto de las versiones sobre la contratación de materiales electorales. La investigación de la ASF, por tanto, se suma a un escrutinio público sobre el manejo de los recursos del organismo, cuyo desenlace dependerá de la confirmación de los hechos señalados y de las sanciones que, en su caso, resulten procedentes.