El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha generado una fuerte polémica al calificar de «cáncer» el absentismo laboral y asegurar, sin aportar datos concretos, que existe un fraude masivo en las bajas médicas en España. Durante su intervención ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder de la oposición afirmó que el porcentaje de fraude supera el 4% o el 5%, una afirmación que carece de sustento estadístico según fuentes oficiales.
Feijóo comparó las bajas laborales de 2018, que ascendían a 450.000, con las previstas para 2026, que superarían el millón, pero ignoró que la población ocupada ha pasado de 19 millones a casi 22,5 millones en el mismo período. Este «truco de estadística», como lo han calificado varios analistas, distorsiona la realidad al no tener en cuenta el crecimiento del empleo. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido que las declaraciones de Feijóo «no se corresponden con la realidad» y ha recordado que el sistema de bajas médicas está rigurosamente controlado por los servicios de inspección.
No es la primera vez que el PP adopta como propias reivindicaciones empresariales. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, en 2012, ya se aprobó el despido por absentismo y se recortó el sueldo a los funcionarios de baja. Ahora, Feijóo ha vuelto a poner sobre la mesa estas medidas, lo que ha sido interpretado por varios ministros como un anticipo de una política de recortes sociales si el PP llega a la Moncloa. «Feijóo dice lo que piensa, y lo que piensa es en recortes sociales, en sacar la motosierra», han señalado fuentes gubernamentales.
El discurso del líder del PP se enmarca en una estrategia más amplia que incluye propuestas como elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener un comité de empresa. Esta medida, defendida en el último congreso del partido, vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, compuesto principalmente por pymes. Además, en materia de pensiones, el PP defiende el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC, una postura que recuerda a los recortes de 2013 bajo el gobierno de Rajoy.
En cuanto al ingreso mínimo vital, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha afirmado que «se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar», y Feijóo ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular, una afirmación que ha sido desmentida por el Gobierno. A esto se suma la «prioridad nacional» pactada con Vox en cuatro comunidades autónomas, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un «arraigo» con el territorio, una medida que ha sido criticada por organizaciones sociales por su carácter discriminatorio.
El contexto económico actual añade más presión al debate. Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el CSIC, la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda. En 2025, casi 28.000 millones de euros pasaron de inquilinos a caseros, una cifra que se ha duplicado en una década y que ya supone alrededor del 1,6% del PIB. La mayor parte de ese dinero proviene de los inquilinos más jóvenes, aunque la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos: el 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España.
Por otro lado, la crisis industrial que afecta a Alemania, con el anuncio de Volkswagen de despedir a 100.000 trabajadores y cerrar cuatro fábricas, ha sido vista como un síntoma de los problemas estructurales que sufre la economía europea. Sin embargo, Feijóo ha preferido centrar su discurso en el absentismo laboral, una cuestión que, según sus críticos, busca desviar la atención de los verdaderos problemas del mercado laboral español.
El líder del PP ha recibido el apoyo de los empresarios vascos, que han aplaudido sus declaraciones, pero también ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos y las organizaciones de trabajadores. UGT y CCOO han calificado sus palabras de «irresponsables» y han exigido que presente datos que respalden sus acusaciones. «No se puede criminalizar a los trabajadores que están de baja por enfermedad sin pruebas», han señalado en un comunicado conjunto.
En definitiva, las declaraciones de Feijóo han abierto un nuevo frente político en un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa medidas para reforzar el sistema público de salud y proteger a los trabajadores. La polémica promete continuar en los próximos días, con el PP insistiendo en la necesidad de combatir el fraude y el Gobierno defendiendo la solidez del sistema de bajas médicas.