La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que España ya incumple las reglas fiscales europeas y de que no existe margen para acomodar el gasto previsto dentro de los márgenes actuales. Así lo recoge su informe sobre los presupuestos de 2027, publicado este miércoles, en el que el organismo que dirige Inés Olóndriz reclama medidas correctoras y plantea que su tamaño dependerá de las decisiones que adopte el próximo Ejecutivo tras las elecciones.
El principal problema que señala la Airef es la desviación en el gasto. El gasto primario neto crecerá, según sus proyecciones, a un ritmo medio del 5,7% anual hasta 2028, frente al 3,2% anual de crecimiento que fija como objetivo el plan presupuestario y estructural de medio plazo (PFEMP) que España remitió a Bruselas. En términos acumulados desde 2023, el gasto subiría un 29,8%, muy por encima del 20,1% comprometido con la Comisión Europea. La diferencia se explica por las nuevas medidas de emergencia aprobadas para hacer frente a la crisis energética vinculada a la guerra con Irán.
Las previsiones del organismo sitúan el déficit público en el 2,8% del PIB en 2026 y en el 2,6% en 2027. Para la Airef, el Gobierno podría aplicar cláusulas de salvaguarda nacional que excluyan del cómputo hasta un 0,3% del PIB al año, es decir, un 0,6% acumulado. Sin embargo, el Ejecutivo no ha identificado todavía las medidas que podrían acogerse a esa excepción, por lo que el alivio potencial queda en el aire.
El informe también recoge el escenario macroeconómico que maneja el organismo: un crecimiento del PIB del 2,6% en 2026 y del 2,2% en 2027. La deuda pública se sitúa cerca del 100% del PIB y, según la Airef, descendería hasta el 95% al final del horizonte de proyección. Con todo, el organismo subraya que la sostenibilidad a medio plazo requiere una estrategia fiscal clara, que pide sea diseñada por el próximo Gobierno.
En este contexto, la Airef reclama la actualización de los presupuestos del Estado, después de tres años prorrogados, y recuerda que las elecciones están previstas para el 29 de noviembre. De acuerdo con el organismo, el futuro Ejecutivo deberá afrontar el ajuste en un momento en que la deuda y el gasto se mantienen en niveles elevados.
El informe llega también en plena polémica por la seguridad ferroviaria. La Comisión Europea ha calificado de «muy preocupantes» los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y ha instado a España a acelerar el despliegue del sistema europeo de control de tráfico ERTMS, con el apoyo de la Agencia Ferroviaria Europea en el caso del accidente de Urda. Según las informaciones disponibles, el sistema LZB, con más de 30 años de antigüedad, podría haber sido un factor en ese siniestro. Solo Alemania y Austria utilizan parcialmente este sistema en la Unión Europea, y Viena ya planea su sustitución. Además, la compañía Iryo habría advertido de fallos en el sistema 20 días antes del accidente de Urda.