La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que siente en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama, Pardo de Vera y Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en un fragmento del caso Koldo que se tramita en este tribunal y no en el Tribunal Supremo. La petición alcanza a hasta trece personas y a la empresa Soluciones de Gestión, y se formula tras la pregunta que el propio magistrado trasladó a las partes sobre si procedía juzgar o archivar a los investigados.
Según los datos recogidos en la causa, el ministerio público reclama para Koldo García los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para Aldama, la acusación pide cargos por cohecho y por un delito fiscal. Pardo de Vera, que presidió Adif, se enfrenta a una petición por tráfico de influencias, mientras que Jessica Rodríguez, que trabajó en Ineco, se enfrenta a una solicitud por malversación. La Abogacía del Estado también pide juicio para Pardo de Vera, Rodríguez, Zaldívar y Joseba García, hermano de Koldo.
La relación de acusados incluye además a Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, a los tres socios de Aldama conocidos como «los mosqueteros», al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, a acusado por cohecho pasivo, y a los empresarios Iñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto. Por el contrario, la Fiscalía pide el sobreseimiento para varios personajes de menor relevancia, entre ellos el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez.
El contexto judicial de este procedimiento incluye sentencias previas. El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a Koldo García a 19 años y 8 meses. En cambio, Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con la pena suspendida por haber colaborado con la justicia.
Paralelamente, existe una investigación separada por blanqueo de capitales en la que la UCO practicó registros y detuvo a seis personas, todas ellas puestas posteriormente en libertad. Las pesquisas tratan de determinar si un ático en Vallecas fue pagado con el producto de sobornos. También se examina el refinanciamiento de la hipoteca de Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, a través de una empresa vinculada a Cristian Corvillo.
Otra línea de investigación se centra en los contratos de Adif adjudicados en 2018, cuyos expedientes siguen bajo análisis, y en la documentación que se ha solicitado a Azvi. Asimismo, el juicio aborda los ingresos no declarados de Aldama por contratos de mascarillas, con posibles delitos fiscales y de estafa. Según la sentencia, Ineco y Tragsatec contrataron a la pareja de Ábalos pese a que no realizó trabajo alguno.