La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha concluido que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante las operaciones militares de 2017. Se trata de una sentencia histórica y muy esperada en la demanda presentada por Gambia hace siete años, en la que se acusaba al Estado birmano de violar la Convención contra el Genocidio. El máximo tribunal de la ONU para disputas entre Estados ha determinado que el país asiático incurrió en genocidio en el norte del estado de Rakáin.
La decisión fue adoptada por nueve jueces frente a seis, entre ellos la expresidenta sudafricana y premio Nobel de la Paz Navi Pillay, que actúa como jueza ad hoc en este caso. El juez Yuji Iwasawa leyó el fallo en el Palacio de la Paz de La Haya. La sentencia es definitiva y no admite recurso, aunque el tribunal dispone de opciones limitadas para hacerla cumplir. El caso no buscaba juzgar penalmente a militares o dirigentes concretos, sino determinar si Myanmar, como Estado, incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio.
El tribunal considera que todas las pruebas presentadas, consideradas en su conjunto, respaldan la inferencia razonable de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con intención genocida. Según el juez Iwasawa, la magnitud y la naturaleza de las acciones y de los métodos fueron muy superiores a lo necesario para castigar a la población y resultan característicos de una intención de destruir una parte sustancial del grupo. La corte señala que las fuerzas de seguridad asesinaron a miles de civiles rohingya, cometieron actos generalizados de violencia sexual y de violencia extrema contra niños, y atacaron a quienes huían en masa hacia Bangladesh.
Es la primera vez que la CIJ declara responsable de genocidio a un Estado, y no solo de no haberlo prevenido o sancionado. En 2007, el tribunal ya había afirmado que las matanzas de Srebrenica constituían genocidio, aunque no declaró a Serbia responsable de haberlo cometido directamente. La sentencia también establece que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, de sancionar esos actos y de promulgar la legislación necesaria para aplicar la convención. No obstante, la corte concluye que el Estado birmano no incitó de forma directa y pública a cometer genocidio contra el grupo rohingya.
El tribunal considera además que Myanmar infringió la obligación de adoptar medidas eficaces para preservar las pruebas. El juez Iwasawa describió una destrucción exhaustiva de pruebas, mediante la incineración de cadáveres o su eliminación por otros medios, y señaló que los lugares de las llamadas operaciones de limpieza fueron incendiados y arrasados con maquinaria pesada, lo que obstaculizó cualquier investigación efectiva sobre lo ocurrido en 2017.
La sentencia exige a Myanmar poner fin a cualquier violación en curso, aprobar leyes que den pleno efecto a sus obligaciones y adoptar medidas inmediatas para investigar a las personas sospechosas de haber cometido actos contrarios a la convención, así como procesarlas y sancionarlas cuando proceda. También le obliga a ofrecer garantías de no repetición. Asimismo, ordena reparaciones en beneficio de los rohingya, entre ellas la posibilidad de un retorno seguro, voluntario y digno a sus lugares de residencia, la reunificación familiar de quienes fueron desplazados dentro de Myanmar o en el extranjero, y una indemnización por los daños causados.
El contexto de la sentencia es doloroso. Más de 700.000 rohingya huyeron a Bangladesh en 2017 tras una ofensiva del Ejército de Myanmar en el estado de Rakáin, acompañada de denuncias de asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y expulsiones masivas. Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y a restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por las autoridades de Myanmar, un país de mayoría budista. Fotografías difundidas desde un campamento de refugiados rohingya en Bangladesh muestran a una gran multitud siguiendo con atención el veredicto.
Organizaciones como Human Rights Watch habían calificado la decisión como un momento crucial en la búsqueda de justicia para los rohingya. La sentencia podría además influir en otros procesos sobre uno de los crímenes internacionales más graves, como el litigio abierto contra Israel por su última ofensiva militar en Gaza tras la demanda presentada por Sudáfrica, al aclarar cómo puede demostrarse la intención genocida.