La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha reclamado a la Guardia Civil que precise si recibió «alguna información en los días previos» que pudiera haber alertado sobre la entrada masiva de miles de personas en Ceuta. La jueza, que investiga lo ocurrido en la frontera con Marruecos los días 30 y 31 de julio, también ha pedido un informe detallado sobre el dispositivo desplegado por el instituto armado en el territorio y sobre las operaciones de rescate en aguas territoriales españolas.
En el auto, fechado el 4 de agosto, Tardón solicita a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que informe de cualquier aviso previo sobre los movimientos que se estaban produciendo en Marruecos antes de que decenas de miles de personas cruzaran la frontera. Además, quiere conocer las circunstancias personales de los migrantes localizados, la causa y la fecha de la muerte en los casos de fallecidos y la identidad y los datos de localización de los supervivientes que los agentes hayan podido recabar.
En el marco de estas diligencias previas, la instructora ya ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para determinar si la entrada se produjo como «una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal». Una vez recibido, la magistrada deberá resolver si la Audiencia Nacional es competente para asumir la investigación penal, después de que el partido político Iustitia Europa presentara una denuncia contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas.
La denuncia, que dio origen a la apertura de diligencias, menciona delitos contra la Seguridad del Estado y contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. La jueza también ha trasladado a la Fiscalía la pregunta sobre la competencia del tribunal para instruir estos hechos.
Mientras el caso avanza en los tribunales, los ministerios del Interior y de Defensa han protagonizado un choque público por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación a los movimientos que se produjeron en Marruecos en los días previos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró que mantiene su «confianza» en los servicios de Inteligencia españoles, pero insistió en que «no hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo acontecido pudiera pasar». La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido a las autoridades marroquíes que investiguen lo ocurrido y ha defendido la labor de la agencia de inteligencia española.
Fuentes de seguridad nacional aseguran, por el contrario, que sí habría habido varios avisos del Centro Nacional de Inteligencia al Ministerio del Interior previendo la llegada masiva de migrantes a la frontera ceutí. La investigación de la Audiencia Nacional se centrará ahora en esclarecer si existió alguna advertencia y cómo se organizó la respuesta sobre el terreno.
Según los datos del Gobierno, entre el 30 y el 31 de julio entraron en Ceuta unas 72.000 personas a través del espigón del Tarajal, de las que unas 70.000 ya han regresado a Marruecos. Esa entrada masiva se ha cobrado la vida de al menos 75 personas, según las cifras facilitadas por el Ejecutivo.
Mientras tanto, en las redes sociales en Marruecos han vuelto a aparecer mensajes que convocan una nueva movilización hacia Ceuta para el próximo 15 de agosto, festivo en España. La Audiencia Nacional mantiene abiertas las diligencias para determinar tanto el origen y la organización de la crisis como la eventual existencia de avisos que no fueron atendidos.