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El PSOE propone por ley alargar los alquileres y gravar a los fondos buitre

El programa electoral del PSOE, centrado en la vivienda, plantea contratos de alquiler más largos, un control temporal de precios en mercados tensionados y destinar el 1% del PIB a vivienda asequible.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

El PSOE ha presentado su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, un documento que sitúa la vivienda en el centro de su propuesta. La formación socialista plantea alargar por ley la duración de los contratos de alquiler, congelar temporalmente las subidas de renta por encima de los índices de referencia en los mercados tensionados y gravar de forma progresiva a los grandes tenedores y a los fondos buitre que dejen viviendas sin alquilar o destinadas a uso turístico.

La vivienda es, según el propio partido, la principal razón del adelanto electoral. El programa prevé que el Ministerio de Vivienda publique un mapa de zonas tensionadas, reconocer el derecho a la vivienda como derecho fundamental en la Constitución y dedicar el 1% del PIB a vivienda asequible. Para ello, el texto propone un parque público estatal de 100.000 viviendas, levantadas o adquiridas, y que las comunidades autónomas se comprometan a que al menos una cuarta parte de la nueva vivienda sea pública o protegida permanente.

En el terreno de la financiación, el documento detalla varias vías. El 1% de la licitación anual de obra pública se destinaría a la adquisición de vivienda asequible. Además, el programa menciona más de 25.000 millones de euros a través del ICO para avales, préstamos y vivienda asequible, y más de 4.700 millones procedentes del Plan Social para el Clima destinados a vivienda sostenible asequible. Para garantizar el mandato constitucional de vivienda se propone la entidad CASA 47.

El programa incluye también medidas dirigidas a colectivos concretos. Plantea que los municipios puedan aplicar recargos a las estancias turísticas y una garantía de alquiler para jóvenes mediante un seguro de impago. Asimismo, propone una red de alojamientos tipo residencia para estudiantes y trabajadores desplazados, y un modelo de intermediación pública inspirado en la experiencia del País Vasco.

En materia social, el texto fija por ley un salario mínimo superior al 60% del salario medio y un bono social único y automático, concedido sin necesidad de solicitud. Las pensiones se revalorizarían según el IPC, con una protección constitucional que, según el propio documento, requeriría una mayoría parlamentaria amplia.

El propio programa reconoce que su viabilidad depende de las mayorías parlamentarias que resulten de las urnas y de la cooperación de las comunidades autónomas, dos factores que hoy no están garantizados.