El Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La titular del departamento, Yolanda Díaz, ha convocado este jueves a la Comisión Asesora de personas expertas que anualmente evalúa la subida de esta renta mínima, con la intención de que el nuevo importe esté aprobado antes de la cita electoral. Fuentes del equipo de Díaz señalan que «intentaremos que sea antes del 29 de noviembre», aunque admiten que deben cumplirse «todos los plazos» administrativos.
El SMI se encuentra actualmente en 1.221 euros brutos mensuales y su cobertura directa alcanza a unos 2,5 millones de trabajadores. La subida de esta referencia ha sido una de las señas de identidad del Gobierno de coalición progresista, con incrementos históricos tras años de congelación durante el mandato de Mariano Rajoy. En un contexto de inflación elevada, con el IPC interanual cerca del 5% impulsado por el precio de las gasolinas, la actualización del salario mínimo adquiere una relevancia especial para preservar el poder adquisitivo de los hogares con rentas más bajas.
La competencia para fijar el SMI es exclusiva del Gobierno y no requiere aprobación parlamentaria, tan solo la consulta a los agentes sociales. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha ampliado en la práctica este trámite con negociaciones con sindicatos y patronal para tratar de consensuar el alza. Solo en 2020, recién estrenada la coalición, se logró un acuerdo con ambas partes, cuando el SMI subió a 950 euros. En el resto de ejercicios, el Ejecutivo pactó el aumento únicamente con los sindicatos mayoritarios. Además, Díaz incorporó en la mayoría de los años un informe previo de la Comisión Asesora, integrada por representantes del Gobierno, universidades y sindicatos, ante el rechazo de la patronal a participar.
La Comisión, que celebra este jueves su primera reunión de este ciclo, ha venido recomendando incrementos para cumplir con el compromiso de mantener el SMI en al menos el 60% del salario medio del país, conforme a la Carta Social Europea. Aunque el departamento de Díaz suele activar la maquinaria tras el verano, la aprobación por el Consejo de Ministros ha llegado en enero o incluso febrero. En esta ocasión, los planes suponen acelerar los tiempos para que la medida esté lista antes de la votación del 29-N.
Queda en el aire una medida clave que condicionaba la negociación: la reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales. Esta modificación normativa busca evitar que las empresas absorban la subida del salario mínimo —y la pactada en convenios— a través de complementos salariales, una práctica avalada por el Tribunal Supremo. El Ministerio de Trabajo no aclara si dará tiempo a aprobar también esta reforma antes de los comicios. Los sindicatos CCOO y UGT llevan años reclamando el cambio legal y el Gobierno se comprometió a ello en el acuerdo de subida del SMI de 2026, firmado con la presencia del presidente Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso en febrero al publicar un borrador en audiencia pública, pero ocho meses después aún no ha llegado al Consejo de Ministros.
Antes del adelanto electoral, los sindicatos habían advertido al Gobierno de que el incumplimiento de esta reforma condicionaría la negociación del SMI de 2027, con un posible plantón sindical. El nuevo escenario de elecciones anticipadas deja abierta la incógnita sobre si esa amenaza se mantiene o si finalmente se alcanza un acuerdo para elevar el salario mínimo antes de la cita con las urnas.