El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, en el marco de la causa abierta por una presunta trama destinada a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Gobierno. La declaración tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, a petición de la acusación popular unificada, que lidera el Partido Popular (PP).
La citación se fundamenta en los testimonios de dos generales de la Guardia Civil, quienes han manifestado ante la Unidad Central Operativa (UCO) y ante el propio juez que Marcos ejerció presiones para modificar informes relacionados con investigaciones que implicaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno. El general Rafael Yuste, exjefe de la UCO, relató que Marcos ordenó cambiar el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en el marco de la conocida como operación Cajirón.
Según la declaración de Yuste, el 12 de julio de 2024 Marcos citó a su superior, el general jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo, y expresó su enfado por no haber tenido conocimiento previo del informe de la UCO sobre David Sánchez. Posteriormente, en una reunión con otros altos mandos, Marcos calificó el informe de «prospectivo y mal intencionado» y afirmó que la credibilidad de la unidad estaba «por los suelos». El exdirector habría exigido la elaboración de un nuevo informe que exculpara al hermano del presidente antes del 19 de julio, incluso a costa de dejar sin vacaciones a los agentes.
La acusación popular, ejercida por el PP, solicitó la imputación de Marcos al considerar «incoherente» que la investigación se dirigiera contra el número dos operativo de la Guardia Civil, Eugenio Llamas, y contra la actual directora del cuerpo, Mercedes González, sin incluir a quien fue superior jerárquico de ambos durante el periodo clave entre junio de 2023 y septiembre de 2024. En su escrito, los populares sostienen que «los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil» y que no se puede excluir a quien encabezaba esa estructura.
Además de la citación de Marcos, Pedraz ha acordado la declaración como testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, el mismo día. El instructor también ha solicitado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz que remitan documentación relacionada con el expediente de la denuncia presentada por Leire Díez, una funcionaria que alertó sobre supuestas maniobras contra la causa que finalmente condujo a la condena por inhabilitación de David Sánchez. Leire Díez ha sido objeto de una investigación interna que ha sido criticada como represalia por sus denuncias.
Este nuevo giro en el denominado caso Cloacas eleva la tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo, al situar a altos mandos de la Guardia Civil bajo sospecha de manipulación de informes en favor de intereses políticos. La comparecencia de Leonardo Marcos, quien fue destituido en octubre de 2024, será clave para esclarecer si existió una cadena de mando orientada a desviar investigaciones sensibles. El caso sigue su curso en la Audiencia Nacional, con varias líneas de investigación abiertas que involucran a la cúpula del instituto armado y a miembros del Gobierno.
La defensa de Marcos aún no se ha pronunciado públicamente, pero fuentes cercanas al exdirector han adelantado que niega cualquier irregularidad y que acudirá a declarar para demostrar su inocencia. Por su parte, el PP ha celebrado la decisión del juez Pedraz y ha insistido en que se investigue a fondo lo que considera una «trama de obstrucción a la justicia» desde las altas esferas del poder. El caso promete nuevas revelaciones a medida que avancen las diligencias.