El Gobierno aprobará un real decreto para poner fin a las zonas de bajas emisiones que existen solo sobre el papel. La norma obligará a los 151 ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes a aplicar multas reales a los vehículos contaminantes que incumplan las restricciones, sin moratorias ni sistemas transitorios que retrasen su eficacia. La información, publicada por El País, sitúa la medida en el Consejo de Ministros y en el Ministerio para la Transición Ecológica.
Las zonas de bajas emisiones (ZBE) son áreas delimitadas de una ciudad en las que el ayuntamiento restringe el acceso, la circulación o el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, normalmente según su etiqueta ambiental de la DGT. Su finalidad es mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades de más de 50.000 habitantes deben contar con estos planes desde 2023, pero tres años después persisten incumplimientos y se permite circular a vehículos muy contaminantes, sobre todo en municipios gobernados por el PP o Vox.
Según la información disponible, en muchos casos las zonas se han reducido al mínimo espacio para cumplir la legislación sin afectar realmente al tráfico. En otros se han mantenido largas moratorias sin sanciones o se ha permitido la entrada de vehículos contaminantes, convirtiendo la ZBE en una medida más simbólica que efectiva. El nuevo decreto busca acabar con esa práctica.
Los municipios afectados deberán acreditar documentalmente que sus ZBE aplican restricciones reales de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos. Además, las ordenanzas deberán aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico. La modificación exige, en palabras del periódico que recoge la norma, que las ordenanzas «contemplen y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad». Los consistorios deberán demostrar también el funcionamiento de sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.
El Ministerio pretende así garantizar que las ZBE reduzcan la contaminación, el ruido y las emisiones, y evitar que se limiten a una delimitación territorial sin consecuencias prácticas. La reforma busca además dar a los ayuntamientos un marco normativo más claro y estable. Algunas restricciones de tráfico han sido anuladas o cuestionadas por los tribunales porque faltaba una norma estatal que respaldara su aplicación, y el decreto les proporcionará una base más sólida para implantar y defender sus zonas.
La verificación del cumplimiento también tendrá consecuencias económicas. La nueva norma permitirá identificar las zonas creadas únicamente para cumplir formalmente la ley y sin restricciones reales. En esos casos, el Gobierno podrá retirar la financiación. Asimismo, los municipios que hayan recibido fondos Next Generation para desarrollar una ZBE deberán devolverlos si finalmente no la ponen en funcionamiento.
Cada municipio define el perímetro de su ZBE y fija las condiciones de entrada en una ordenanza de movilidad. Las restricciones pueden afectar al acceso, a la circulación y al aparcamiento, y suelen basarse en el distintivo ambiental de la DGT. Los vehículos sin etiqueta, como los turismos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006, son los más restringidos. Los de etiqueta B pueden acceder en muchas ZBE, aunque algunos ayuntamientos ya limitan su entrada. La etiqueta C suele tener menos restricciones, pero puede estar limitada en zonas centrales o sensibles. Los vehículos ECO y de cero emisiones, incluidos los eléctricos y algunos híbridos, son los que menos limitaciones tienen.
Un caso reciente ilustra el debate. Málaga devolverá 1,38 millones de euros en multas impuestas por su ZBE y suspenderá las no abonadas. De las casi 50.000 sanciones, 13.694 ya se han pagado y se reintegrarán cuando la sentencia sea firme, mientras que el resto quedarán suspendidas cautelarmente.
Otra información vinculada a la misma norma, sobre la regulación de la alimentación en hospitales, recoge que el real decreto de Consumo también ha ampliado los menús saludables a residencias y escuelas infantiles. Se trata de un expediente distinto, cuyo alcance no está directamente ligado a las zonas de bajas emisiones.