Antonio Ballesteros, un fotógrafo jubilado de 69 años de Aranjuez (Madrid), lleva nueve meses esperando recibir una indemnización de casi 7.000 euros que el banco ya pagó. La sentencia, dictada a finales de 2025, condenó a la entidad a devolverle los gastos ilegales de su primera hipoteca. El dinero fue consignado en el juzgado, pero sigue sin llegar a su cuenta. «¿En nueve meses no has tenido tiempo para hacer una transferencia?», se lamenta Ballesteros, que cada día consulta su saldo sin obtener explicación alguna.
El caso de Antonio no es aislado. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) calcula que actualmente hay 4.800 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados de toda España. Estas cuentas, a nombre de la Administración de Justicia, reciben los depósitos y consignaciones que deben entregarse a los ciudadanos que ganan sus pleitos. Sin embargo, los letrados de la Administración de Justicia deben realizar manualmente cada transferencia, y la falta de medios humanos y la ausencia de un plazo legal provocan demoras que, en la práctica, dependen de la carga de trabajo de cada órgano judicial.
«Esto es una herencia histórica que venimos heredando desde hace muchísimos años», explica Eugenio Ribón, decano del ICAM. La entidad presentó hace un año una proposición no de ley en el Congreso para cambiar el modelo y evitar el «continuo bloqueo» de fondos. Ribón señala dos causas fundamentales: la falta de medios personales y un déficit de adaptación legislativa. La analogía que utiliza es contundente: «Sería como si fuéramos al banco y tuviéramos al cajero con manguitos, contando billetes y monedas».
El juzgado que gestiona el caso de Ballesteros, el Juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, especializado en cláusulas abusivas hipotecarias, ya fue señalado en 2024 por el despacho Arriaga Asociados por tener más de 40 millones de euros consignados sin entregar a los ciudadanos que habían ganado sus procedimientos. Antonio y su mujer, Alicia, sobreviven con poco más de 900 euros limpios al mes: la pensión de él, 1.256 euros, menos la cuota de autónomos de ella, que sigue cotizando para alcanzar la jubilación. «Con 900 euros hay gente que vive, pero yo creo que eso no es vivir, eso es malvivir», afirma.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Ernesto Casado, reconoce que «faltan medios humanos» en el cuerpo. Según sus datos, en torno al 20% de los puestos de letrado no están cubiertos por funcionarios de carrera, lo que califica de «no admisible». Casado defiende la labor del colectivo: cada año entran y salen casi 8.000 millones de euros de las cuentas de consignación, y los letrados realizan unas cinco millones de operaciones de pago, alrededor de 1.500 por funcionario. «El trabajo y la responsabilidad que asumimos es muy alto», subraya, aunque admite que los retrasos son puntuales.
Para el ICAM, la solución pasa por una modificación normativa que introduzca intereses de demora para la Administración y agilice los pagos. Mientras tanto, ciudadanos como Antonio siguen esperando un dinero que les pertenece. «La rabia que me da es que no puedes hacer nada», concluye. Su caso refleja un problema estructural que afecta a miles de personas en toda España y que, según las asociaciones profesionales, solo se resolverá con más recursos humanos y una reforma legal que acabe con la paradoja de que el dinero ya está en los juzgados, pero no llega a sus destinatarios.