El Tribunal de Cuentas ha detectado «graves deficiencias» en la compra y gestión de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad, un sistema telemático destinado a proteger a víctimas de violencia de género cuyo importe supera los 100 millones de euros. El informe, publicado este miércoles, señala irregularidades en la contratación y el seguimiento del servicio durante los ejercicios de 2018, 2021 y 2023, vigente hasta el pasado mes de mayo.
El análisis del órgano fiscalizador confirma los fallos que ya habían sido advertidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y por la Fiscalía. En enero de 2024, el Observatorio alertó a la ministra Ana Redondo sobre los riesgos de las nuevas pulseras, que no cumplían las garantías debidas. La Fiscalía habló de «múltiples fallos» en los dispositivos para cumplir las medidas de alejamiento en casos de violencia de género y sexual. El ministerio negó inicialmente la gravedad y limitó los problemas a «casos puntuales».
Los expedientes examinados alcanzan un importe total de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían a 2023 y fueron financiados en parte por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A ello se suma un contrato menor de 12.706,21 euros. El Tribunal subraya que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, algo imprescindible en caso de cambio de adjudicatario. La misma carencia se repitió en 2023.
La ausencia de un plan específico y el nuevo encargo provocaron «deficiencias que afectaron a la prestación del servicio», con problemas de acceso a la información histórica de la concesionaria anterior, sin poder responder a 123 requerimientos judiciales pendientes. La situación se prolongó hasta octubre de 2024, cuando la Fiscalía reclamó al Ministerio de Igualdad que iniciara actuaciones para coordinar o arbitrar una solución. El informe insiste en las «graves deficiencias» en la ejecución del contrato de 2023 durante casi toda su vigencia, con fallos que afectaron a la fiabilidad de las pulseras: interrupciones del servicio, baterías defectuosas y errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas.
El órgano fiscalizador también critica que no se utilizara la facultad de realizar consultas preliminares de mercado en la fase preparatoria, pese a la complejidad técnica y la criticidad del servicio, lo que habría constituido una buena práctica. Añade que «el ministerio no hizo un seguimiento del contrato adecuado y no fue suficiente el Plan de Seguimiento ejecutado, sin que fueran impuestas penalidades, más que en un caso, a pesar de los incumplimientos contractuales advertidos».
El Ministerio de Igualdad pasó de negar la realidad a aceptarla y en noviembre de 2025 encargó una auditoría que corroboró las irregularidades detectadas durante meses. El Tribunal de Cuentas incluye una serie de recomendaciones para evitar repeticiones. Entre ellas, aconseja «asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización de la mejor tecnología» para minimizar «hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas». También propone adoptar medidas para mejorar la programación de las necesidades y evitar la tramitación urgente de expedientes, así como revisar y reforzar los mecanismos de control interno previos a la aceptación formal de las memorias.
El informe concluye con la necesidad de una «supervisión continua» y la imposición de «penalidades económicas ante los incumplimientos que se detecten, de manera proporcional a la gravedad de las deficiencias constatadas». Asimismo, recomienda realizar verificaciones técnicas periódicas de la seguridad del sistema. Estas conclusiones llegan después de que el propio Gobierno haya admitido problemas para localizar a 886 maltratadores por haberse desprendido de la pulsera, lo que evidencia las dificultades persistentes en la protección telemática de las víctimas.