La renovación de cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional vuelve a quedar aplazada. El Senado ha decidido ampliar de nuevo el plazo para que las comunidades autónomas remitan sus propuestas de candidatos, fijando una nueva fecha límite para el próximo 30 de noviembre. Con esta prórroga, el proceso acumulará más de un año de retraso desde que los mandatos de los cuatro magistrados afectados concluyeran el pasado 17 de diciembre.
Entre los miembros cuyo mandato está caducado se encuentra el propio presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, quien ha advertido en repetidas ocasiones a la Cámara Alta de la necesidad de proceder a la renovación. La situación adquiere una relevancia especial porque el PP ha convertido a Conde-Pumpido en uno de sus principales objetivos políticos y cuestiona abiertamente su actuación al frente de la institución. Los populares disponen de mayoría absoluta en el Senado, precisamente la Cámara que debe proponer a los cuatro magistrados llamados a sustituir a los que tienen el mandato vencido.
El procedimiento de renovación explica por qué la demora puede prolongarse aún más. La Constitución establece que el Tribunal Constitucional está formado por doce magistrados, nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos propuestos por las cámaras deben contar con una mayoría de tres quintos. En el caso de los cuatro miembros que corresponden al Senado, son los parlamentos autonómicos los encargados de remitir previamente sus propuestas. Es en ese paso previo donde se han ido acumulando los retrasos.
La Cámara Alta ha ido ampliando los plazos concedidos a las asambleas autonómicas para que presenten sus candidatos. Primero se produjeron demoras vinculadas al calendario electoral autonómico. Posteriormente, Cantabria solicitó una prórroga por la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida que llevó el límite hasta el 30 de septiembre. La Mesa del Senado, controlada por el PP, aceptó aquella petición pese a la oposición socialista. Cuando se acercaba de nuevo la fecha límite, Andalucía pidió otra ampliación. El Parlamento andaluz, constituido el pasado 11 de junio, aún no había designado a sus candidatos.
El retraso propiciado ha derivado en que se mantengan en el cargo los actuales miembros, mientras que el PP parece estar jugando sus cartas de tal manera que aparenta aguardar a un escenario electoral que le otorgue una cantidad de escaños con la cual disponer de las mayorías necesarias para decidir quiénes serán sus sustitutos. Así, el escenario que estaría contemplando el PP pasaría por esperar a unos futuros comicios generales en los que tratar de alcanzar, junto a Vox, una mayoría suficiente en las Cortes que le permita afrontar los nombramientos sin depender del PSOE.
La situación podría prolongarse hasta el punto de que estos jueces sigan en el cargo cuando arranque el año 2027. La renovación del Tribunal Constitucional se ha convertido así en un pulso político de largo recorrido que afecta al funcionamiento de la institución y a la composición de uno de los órganos clave del Estado.