La renovación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional vuelve a quedar aplazada. La Mesa del Senado ha acordado una nueva ampliación del plazo para que las comunidades autónomas remitan sus propuestas de candidatos, fijando como fecha límite el 30 de noviembre. Con esta prórroga, el proceso acumulará casi un año de retraso, ya que los mandatos de los cuatro magistrados afectados concluyeron el pasado 17 de diciembre.
Entre los miembros con el mandato vencido se encuentra el propio presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, quien ha advertido en varias ocasiones al Senado de la situación de interinidad en la que se encuentran él y sus tres compañeros. La Constitución establece que el Tribunal Constitucional se compone de doce magistrados nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos propuestos por las cámaras requieren una mayoría de tres quintos.
En el caso de los cuatro magistrados que corresponden al Senado, son los parlamentos autonómicos los encargados de remitir previamente sus propuestas. Es en ese paso donde se han ido acumulando las demoras. La Cámara Alta ha ido ampliando sucesivamente los plazos concedidos a las asambleas autonómicas. Primero se produjeron retrasos vinculados al calendario electoral autonómico y, posteriormente, Cantabria solicitó una prórroga por la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida que llevó el límite hasta el 30 de septiembre. La Mesa del Senado aceptó aquella petición pese a la oposición socialista. Cuando se acercaba de nuevo la fecha límite, Andalucía pidió otra ampliación, y el Senado ha vuelto a ceder.
El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado, precisamente la cámara que debe proponer a los cuatro magistrados llamados a sustituir a los que tienen el mandato vencido. El partido ha convertido a Conde-Pumpido en uno de sus principales objetivos políticos y cuestiona abiertamente su actuación al frente de la institución. El retraso propiciado mantiene en el cargo a los actuales miembros mientras los populares parecen aguardar un escenario electoral que les otorgue escaños suficientes para decidir los nombramientos sin depender del PSOE.
El escenario que contempla el PP pasaría por esperar a unas futuras elecciones generales en las que, junto a Vox, alcanzar una mayoría suficiente en las Cortes que le permita afrontar los nombramientos sin necesidad de pactar con los socialistas. De mantenerse esta dinámica, los cuatro magistrados podrían seguir en sus puestos incluso cuando arranque 2027, prolongando una situación que ya ha generado tensiones institucionales.
La relevancia de esta demora no es solo procedimental. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y de resolver los conflictos entre instituciones, por lo que la composición de sus magistrados influye directamente en asuntos de gran calado político y social. La prórroga forzosa de cuatro de sus miembros, incluido su presidente, añade incertidumbre a un contexto ya marcado por la tensión entre los principales partidos.
Con la nueva fecha límite del 30 de noviembre, el Senado dispondrá de algo más de dos meses para recibir las propuestas autonómicas y, después, someter los nombres a votación. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses indica que el proceso podría volver a dilatarse si se presentan nuevas solicitudes de prórroga o si no se alcanza el acuerdo necesario para las votaciones. Mientras tanto, los cuatro magistrados con mandato caducado continúan ejerciendo sus funciones, una situación que el propio Conde-Pumpido ha calificado de insostenible.