El Senado ha aprobado este jueves la proposición de ley que crea una «pasarela al RETA» para que miles de mutualistas puedan trasladar sus derechos de cotización desde mutualidades profesionales privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social y acceder así a pensiones públicas. El texto, respaldado por 164 votos a favor, uno en contra y 96 abstenciones, ha sido remitido al Congreso de los Diputados para su votación definitiva, donde podrá ser modificado nuevamente.
La norma, fruto de una autoenmienda del Partido Popular introducida durante la tramitación en la Cámara Alta, excluye de la pasarela a los pensionistas ya jubilados, salvo en los casos de viudedad. Sin embargo, sí permite el acceso a aquellos profesionales que hayan cotizado más de 15 años y que, por tanto, ya tienen derecho a una pensión pública. Esta decisión ha generado un intenso debate entre los grupos parlamentarios, especialmente entre el PP y el PSOE, que han protagonizado un bronco enfrentamiento durante la sesión.
La senadora del PNV, Nerea Ahedo, reconoció que la legislación no es «perfecta» ni da una respuesta «integral» a todos los afectados, pero subrayó que supone «una solución» para miles de profesionales ante el riesgo de «no hacer nada». Por su parte, la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, criticó el origen del problema: «Permitir la alternatividad fue un error. Hay que reconocer el error. Se ha hablado de hacer justicia, pero poco del origen, de por qué estamos aquí».
La «pasarela al RETA» es una reivindicación de los últimos años por parte de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, en muchos casos de entre 300 y 400 euros. Según cálculos de asociaciones de mutualistas, unas 100.000 personas podrían verse afectadas por esta situación. La pasarela pretende rescatar desde lo público a estos profesionales, que en muchos casos han cotizado a las mutualidades privadas menos de lo que aportaban los autónomos a la Seguridad Social.
La negociación ha tratado de equilibrar la necesidad de dar una salida a estos colectivos, que se sienten «engañados» y abocados a pensiones de indigencia, con la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La senadora socialista Rocío Briones criticó que el PP haya eliminado «el fin de la alternatividad» que planteaba la proposición inicial del PSOE, acusando a los populares de estar «a favor de las mutualidades, y no de los mutualistas».
Entre los cambios introducidos en el Senado, el PP ha recuperado la exclusión de los llamados «pasivos» –los pensionistas, salvo viudedad–, pero ha abierto la puerta a los profesionales con más de 15 años cotizados. Además, se ha restablecido la mejora pactada en el Congreso para los mutualistas mayores de 52 años, conocida como «1x1», que permite computar cada mes completo de alta en la mutualidad como un mes completo en el RETA para el cálculo de la pensión de jubilación. El PP ha ampliado esta regla para los años cotizados antes de 1995, cuando la adscripción a estas mutualidades era obligatoria.
La ley también establece que el Gobierno deberá regular en un reglamento, en un plazo de tres meses, las condiciones concretas de la pasarela. Desde el PP han insistido en que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de «dar una solución» a los mutualistas y han pedido que «no defraude» al colectivo. El senador popular Gerardo Camps calificó la votación en el Congreso como «el momento de la verdad», donde se podrán volver a modificar aspectos de la proposición.
El texto legal, que ahora vuelve al Congreso para su examen final, ha sido respaldado por la mayoría de la Cámara Alta, aunque con críticas de las formaciones de izquierdas, que denuncian el modelo de mutualidades privadas que ha llevado a esta intervención pública. La senadora de EH Bildu insistió en que se ha hablado poco del origen del problema, mientras que desde el PNV se valoró positivamente la solución alcanzada, aunque imperfecta.
La aprobación definitiva de la pasarela dependerá de la votación en el Congreso, donde los grupos políticos podrán introducir nuevas modificaciones. Mientras tanto, miles de mutualistas esperan una respuesta que les permita acceder a pensiones públicas dignas tras décadas de cotización en entidades privadas que, en muchos casos, no garantizaban prestaciones suficientes.