La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró ante el magistrado Santiago Pedraz que el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ostentaba la máxima responsabilidad en la contratación de servicios y tenía «el poder para efectuar cualquier tipo de acción». Así consta en el audio de su comparecencia, celebrada el pasado 9 de septiembre en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde la investigada trató de desvincularse de la contratación de los letrados presuntamente implicados en la trama de las cloacas socialistas.
Durante su interrogatorio, Fuentes explicó que en el PSOE «el secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad» y actúa como representante legal de la formación. Según su versión, Cerdán tiene «plenas facultades» para contratar un servicio mediante un contrato verbal, aunque a la hora de ejecutar el pago la gerencia exige la documentación correspondiente. La gerente situó así en la Secretaría de Organización el origen de las contrataciones de Jacobo Teijelo, que asumió la defensa de Cerdán, y de Ismael Oliver, que representó brevemente a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
Fuentes detalló que Teijelo comenzó a prestar labores de asesoría jurídica para el partido a raíz de un acuerdo verbal con Cerdán, y que el contrato físico se firmó con posterioridad. Lo «único» que le transmitió el secretario de Organización, según su declaración, fue que Teijelo iba a ejercer como asesor jurídico, algo que la gerente consideró «necesario» dada la cantidad de pleitos que afectaban a la formación. En el caso de Oliver, fue también la Secretaría de Organización la que tramitó una factura por valor de 26.500 euros, según manifestó ante el juez.
La comparecencia de Fuentes se produjo el mismo día en que declaró el abogado Ismael Oliver, también investigado en la causa. El letrado reconoció que conoció a Leire Díez a través de su cliente Nervis Villalobos, exdirigente chavista, y que en 2024 fue ella quien le contactó para ofrecerle asumir la defensa de Koldo García. Oliver aseguró que Díez le garantizó que el PSOE se haría cargo de pagarle su trabajo, tal y como consta en las conversaciones de WhatsApp intervenidas por la UCO y aportadas al procedimiento.
El abogado admitió que inicialmente asumió la defensa del exasesor de Ábalos, aunque la abandonó meses después y, según su versión, no llegó a cobrar por esos servicios. Sí reconoció haber percibido en torno a 27.000 euros, cantidad que, según sostiene, el PSOE le pagó para analizar jurídicamente la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso de los Diputados. Para justificar que su empresa abonara exactamente la misma cantidad a Leire Díez, alegó que la contrató para realizar labores de comunicación.
La tesis del instructor, sin embargo, es distinta: sostiene que en esa operación el abogado actuó como mero intermediario para que Ferraz pagara a Leire Díez. El juez Pedraz investiga una presunta operación financiada por el PSOE, liderada por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez, cuyo objetivo habría sido «desestabilizar» causas judiciales sensibles para Ferraz, para el Gobierno y para el entorno familiar de Pedro Sánchez. Fuentes mantiene su imputación por su supuesta colaboración en la elaboración de facturas mendaces que habrían servido para ocultar la financiación de esta operación.
La gerente también declaró que no sabía que el partido estaba sufragando algunos billetes de tren y avión para Leire Díez y su socio Javier Pérez Dolset. Según su explicación, «a la gerencia solo llegan autorizaciones cuando de algún modo se excede la política de viajes». La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional y el magistrado Pedraz sigue recabando testimonios para esclarecer el entramado de contrataciones y pagos que, según la investigación, habría canalizado fondos del partido hacia la trama investigada.