El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió al Ministerio del Interior, en varios informes remitidos semanas antes de la crisis migratoria de Ceuta, del riesgo de una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, según han confirmado distintas fuentes. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska niega, sin embargo, haber recibido esos avisos en los términos planteados, aunque reconoce que desde mediados de julio ya realizaba un seguimiento de la evolución de la situación en la frontera.
El Ministerio de Defensa ha evitado pronunciarse sobre si existieron esas comunicaciones previas. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido la actuación del Ejecutivo y sostiene que todos los ministerios implicados actuaron dentro de sus competencias, aunque admite que no se esperaba una llegada de la magnitud finalmente registrada. Este episodio, descrito como la mayor crisis migratoria vivida hasta la fecha en Ceuta, ha reabierto el debate sobre la capacidad de anticipación del Gobierno.
En la ciudad autónoma, la versión oficial contrasta con la percepción de las autoridades locales. Desde Ceuta aseguran que ya se registraban alrededor de 200 entradas diarias antes del salto masivo y lamentan que las medidas adoptadas fueran insuficientes y llegaran tarde. El presidente ceutí, Juan Vivas, había reclamado el 27 de julio una modificación de la Ley de Extranjería para facilitar las devoluciones de inmigrantes en situación irregular. De hecho, una semana antes del episodio, Interior habría advertido internamente de que la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes podía alcanzar niveles críticos.
La oposición también ha puesto el foco en la gestión de la crisis. El Partido Popular considera que el Ejecutivo ignoró las advertencias disponibles y no actuó con la rapidez necesaria, mientras que Vox reclama transparencia y explicaciones sobre la información de la que disponían las administraciones antes de que se produjeran las entradas. El calendario de la respuesta añade más presión al debate: las mayores entradas tuvieron lugar durante la madrugada del miércoles al jueves, cuando el Ejército todavía no había sido desplegado en la ciudad. No fue hasta el jueves, con la situación ya desbordada, cuando el Gobierno ordenó el envío de refuerzos militares para colaborar en el control de la frontera y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En plena polémica por la gestión de la crisis, los sindicatos policiales rechazan que la vida en Ceuta haya vuelto a la normalidad, como advirtió el sábado el ministro del Interior, y denuncian que los refuerzos desplegados son «insuficientes». Desde JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, su portavoz Laura García asegura que no se contó con medios humanos ni materiales: «Era un puñado de agentes contra una avalancha humana; básicamente no pudieron hacer nada». Según este sindicato, el jueves apenas había 40 agentes de las Unidades de Intervención Policial en Ceuta; después se sumaron otros 60 y este lunes se trasladaban otros 40. «Allí siguen quedando miles de personas; cuantos más días pasan, más desencuentros se producen porque ven que no se les está atendiendo. Tienen más hambre, más sed, y eso puede seguir provocando más conflictos», añade García.
Los sindicatos aseguran, además, que llevan años reclamando refuerzos en el puesto fronterizo y que ya habían avisado en los días previos del aumento de las entradas irregulares, precisamente porque los agentes desplegados sobre el terreno habían trasladado su preocupación por la presión migratoria. Mientras continúan las discrepancias entre administraciones, el debate gira ahora en torno a si la crisis pudo anticiparse y si la respuesta institucional fue proporcionada a la información disponible en los días previos. Las fuerzas de seguridad siguen desplegadas en la zona y el Ejército mantiene el apoyo en el control fronterizo mientras se intenta estabilizar la situación.