José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá en el primer expresidente del Gobierno de España que comparece ante un juez como imputado, un hito que cierra la etapa en la que todos los mandatarios de la democracia habían pasado por los tribunales únicamente en calidad de testigos. El expresidente socialista afronta dos investigaciones abiertas: su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de unas joyas valoradas en más de un millón de euros en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz de Madrid.
En la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se investigan hasta siete delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales. Zapatero declaró durante dos horas y quedó en libertad sin medidas cautelares, tras negar todas las acusaciones. Ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción quedaron convencidos de sus explicaciones, según fuentes del caso.
El expresidente rechazó haber utilizado su influencia para favorecer el rescate de Plus Ultra y negó haber cobrado una comisión de 530.000 euros por esa operación, ni a través de pagos de empresas, ni de la agencia de sus hijas, ni de una hipotética sociedad en Dubái. La defensa de Zapatero ha pedido la nulidad de la causa y el juez ha accedido a revisar ocho resoluciones dictadas previamente por el juzgado de Madrid que investigó el caso antes de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia.
La segunda línea de investigación se centra en las joyas localizadas por la UDEF en una caja fuerte de un despacho anexo al del expresidente. Una tasación encargada por el juzgado valora el conjunto en aproximadamente 1,3 millones de euros, con algunas piezas tasadas individualmente en más de 200.000 euros. El juez quiere determinar cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente y si pudo incurrir en delitos fiscales o de contrabando. Han pasado casi tres meses desde que el expresidente pidió más tiempo para recopilar documentación que justifique la presencia de estos objetos.
En una entrevista concedida a TVE en julio, Zapatero evitó precisar el origen de las joyas y las calificó de «regalo de cortesía, personal, de hace muchos años», sin concretar el país de procedencia. El expresidente, que gobernó entre 2004 y 2011, es el primer jefe del Ejecutivo que se sienta en el banquillo como acusado, pero no el primero que pasa por los juzgados. Todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden judicial, aunque siempre como testigos.
Adolfo Suárez declaró en octubre de 1998 en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto, después de que el banquero Mario Conde afirmara haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de gestiones ante el Banco de España. Suárez negó haber recibido dinero de la entidad y el caso terminó en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Conde a 20 años de cárcel. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y justificó verbalmente su salida para hacer «un pago» a Suárez «por un servicio prestado», una afirmación que quedó como argumento de defensa sin pruebas.
Felipe González también compareció como testigo en causas relacionadas con los GAL y el terrorismo de Estado, en un capítulo que marcó la vida política española durante décadas. La lista de comparecencias incluye también los casos Gürtel, Kitchen y la causa contra Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con la imputación de Zapatero, la historia judicial de los presidentes españoles entra en una nueva fase, en la que un expresidente deberá responder como acusado por hechos presuntamente cometidos después de su paso por La Moncloa.