El juez Juan Carlos Peinado ha requerido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que presente pruebas que demuestren que utilizó su pasaporte exclusivamente para viajar a Londres entre el 8 y el 10 de julio con el fin de asistir a la graduación de su hija. La providencia, fechada este lunes, señala que en el documento entregado por Gómez el domingo en los juzgados de Plaza de Castilla no figuran sellos de entrada o salida que acrediten el itinerario declarado.
El magistrado, que retomó la investigación tras unos días de vacaciones, ha otorgado un plazo de cinco días a la investigada para que justifique que su desplazamiento se limitó al acto académico en la capital británica, tal como autorizó el juez sustituto Antonio Viejo durante la ausencia de Peinado. En la resolución, el juez advierte de que, si no se acredita el cumplimiento de las medidas cautelares o se detecta alguna infracción, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
El pasado 20 de junio, Peinado envió a Gómez a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos y decretó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, al apreciar riesgo de fuga. Poco después, la defensa de Gómez, encabezada por el letrado Antonio Camacho, solicitó autorización para viajar al extranjero del 7 al 10 de julio con el objetivo de integrar la delegación oficial española que acompañó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN en Ankara, y regresar a España pasando por Londres para asistir a la graduación de su hija.
El juez Peinado se encontraba de vacaciones y delegó la decisión en el magistrado sustituto Antonio Viejo, quien resolvió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía desplazarse a Londres entre el 8 y el 10 de julio. Ahora, Peinado exige que se demuestre que el viaje se circunscribió a ese propósito, y contra la resolución cabe recurso en un plazo de tres días.
Desde Moncloa, fuentes del Ejecutivo han manifestado que la resolución de Peinado constata «una vez más la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez», una situación que, a su juicio, «solo atiende a motivos políticos». Asimismo, recuerdan que «el sello en el pasaporte está en vías de extinción y está siendo sustituido por sistemas digitales diseñados para ser más rápidos, seguros y eficientes».
El Gobierno subraya que, a partir del próximo 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo Sistema de Entrada/Salida por biometría que reemplazará los sellos físicos, y que desde abril «las imágenes faciales, las huellas dactilares y los registros digitales han reemplazado el ritual del sello en frontera». Además, señalan que «la UE no es la única en aplicar este cambio» y que el pasaporte de Gómez no está sellado porque en Reino Unido, desde enero, «rige la autorización electrónica de viaje (ETA), siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, países que ya eliminaron los sellos hace años». También apuntan que «en EEUU se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus».
El auto en el que Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentando que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si el juez incurrió en una falta disciplinaria grave. En un auto fechado el 30 de junio, Peinado reiteró su idea de riesgo de fuga al afirmar que «no sería la primera ocasión» que un presidente del Gobierno de un país de la UE «se fuga» a un país del continente africano ante un caso de corrupción.
La investigación contra Begoña Gómez se enmarca en un procedimiento que ha generado una fuerte controversia política y judicial. Mientras la defensa sostiene que las medidas cautelares son desproporcionadas y que no existe riesgo de fuga, la acusación popular mantiene que los indicios de delito justifican las restricciones impuestas. La resolución de este lunes añade un nuevo capítulo a un caso que sigue centrando la atención mediática y que enfrenta al Ejecutivo con el juez instructor.