El líder del Partido Popular, Juanma Moreno, ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía este jueves después de cerrar un acuerdo de gobierno con Vox que otorga a la formación de extrema derecha una vicepresidencia y el control de la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El pacto, firmado media hora antes de la segunda votación de investidura en el Parlamento andaluz, consolida la alianza de las derechas en la comunidad y marca un giro en las políticas de inmigración, medio ambiente y memoria histórica.
El acuerdo, denominado «Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía», fue rubricado por Moreno y el portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, quien asumirá la citada consejería con un presupuesto anual cercano a los 1.200 millones de euros. A diferencia de pactos similares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Vox no obtiene las carteras de Agricultura o áreas sociales, pero sí un puesto en la Mesa del Parlamento y la cesión de uno de los cinco senadores autonómicos del PP, lo que garantiza la mayoría absoluta en el órgano legislativo.
Uno de los puntos más controvertidos del documento, de 60 páginas y 150 medidas con plazos concretos, es la inclusión del concepto de «prioridad nacional», que Vox ha impulsado en otras comunidades autónomas. Aunque Moreno calificó durante la campaña electoral esta idea como un «eslogan vacío», el acuerdo la incorpora y establece que determinadas prestaciones y ayudas públicas beneficiarán preferentemente a ciudadanos españoles frente a inmigrantes. El propio Moreno intentó suavizar el término al afirmar que «la prioridad nacional es arraigo, que ya viene en nuestra administración», pero el texto detalla que el arraigo se medirá según el tiempo de residencia y trabajo en Andalucía, y refuerza los controles del padrón de población extranjera.
El pacto también incluye la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las escuelas andaluzas, argumentando la necesidad de evitar «cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas» y «cualquier injerencia extranjera». Además, se propone un plan de retorno a sus países para los menores extranjeros no acompañados, aunque la Junta carece de competencias para ejecutarlo unilateralmente. Para amortiguar estas medidas, el preámbulo del acuerdo subraya que «la dignidad inherente a todo ser humano es un postulado irrenunciable» y que la política social se fundamentará en los principios de justicia, legalidad y humanidad.
En el ámbito económico, el acuerdo elimina dos impuestos medioambientales y reduce en un 50% las subvenciones a la patronal y a los sindicatos. También se replantea el discurso sobre la Agenda 2030 de la Unión Europea, que Vox ha criticado abiertamente, y se deja en el aire el gasto destinado a cooperación internacional. Asimismo, se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, para sustituirla por una «ley de Concordia».
Moreno, quien durante la campaña se presentó como un líder moderado, defendió el pacto ante las críticas al asegurar que «Vox es Vox y el PP es el PP», y recordó que la formación de Santiago Abascal obtuvo 580.000 votos en Andalucía, siendo la tercera fuerza política y la segunda en la provincia de Almería. El presidente andaluz firmó el acuerdo con el rostro visiblemente tenso, rodeado de cámaras y fotógrafos, y posteriormente compareció junto a Gavira para responder a las preguntas de los periodistas.
El pacto andaluz se suma a una serie de acuerdos similares en otras comunidades autónomas, lo que refuerza la alianza entre PP y Vox en varias regiones del país. La investidura de Moreno, que ya había gobernado en minoría durante la legislatura anterior, se produce en un contexto de polarización política y con la mirada puesta en las próximas elecciones generales. Organizaciones sociales y partidos de la oposición han criticado duramente el acuerdo, al considerar que normaliza postulados xenófobos y recorta derechos sociales y ambientales.