La Fiscalía Provincial de Madrid ha reiterado su posición favorable a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado formalmente que solicitará su absolución en el juicio con jurado popular que se celebrará por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En un escrito dirigido al juez instructor, Juan Carlos Peinado, fechado el pasado 24 de julio, la Fiscalía señala que «no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio». Esta decisión confirma la cercanía del Ministerio Público a la investigada desde el inicio del procedimiento.
El caso se centra en la creación y dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que fue codirigida por Begoña Gómez. Según la investigación, la esposa del presidente habría utilizado su «privilegiada posición» para obtener financiación de empresas privadas como Indra, Telefónica y Google, que aportaron 128.442 euros, 50.000 euros y 110.000 euros respectivamente. A estas cantidades se suma un gasto de 108.765,79 euros asumido por la propia universidad. La Fiscalía, sin embargo, considera que no existen indicios suficientes para sostener una acusación.
La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de 63 páginas dictado el pasado 16 de julio, confirmó la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, aunque apartó de esta vía al empresario Juan Carlos Barrabés y limitó la imputación de la asesora Cristina Álvarez. El tribunal descartó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida al considerar que no concurrían los elementos necesarios. No obstante, avaló la posible existencia de un delito de malversación de caudales públicos, al entender que el software desarrollado en el marco de la cátedra fue transferido a una sociedad propiedad de Begoña Gómez, Transforma TSC S.L., constituida el 21 de noviembre de 2023.
Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid ha presentado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita que Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil. La UCM, personada como perjudicada, considera que ambas deben responder por el uso del software y de personal de la institución educativa. La universidad sostiene que el programa informático y las actuaciones para desarrollarlo constituyen un activo perteneciente a la Complutense, financiado con aportaciones de entidades colaboradoras y recursos propios. Asimismo, la institución incluye dentro del concepto de patrimonio público la actividad del personal de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
El proceso judicial ha estado marcado por la controversia. El juez Peinado ha sido objeto de críticas y el Poder Judicial ha abierto la puerta a sancionarlo por desconsideración en el caso. La Audiencia Provincial, al resolver los recursos, confirmó la instrucción en lo sustancial pero introdujo correcciones importantes. El tribunal consideró «perfectamente verosímil» que Begoña Gómez hubiera logrado el influjo necesario desde su posición como esposa del presidente para conseguir la creación de la cátedra y su nombramiento como directora. Sin embargo, descartó el delito de corrupción en los negocios al no existir un contexto de tráfico mercantil entre empresas privadas, y también la apropiación indebida, al tratarse de bienes intangibles.
La Fiscalía, alineada con la defensa desde el inicio, insiste en que no hay base para formular acusación. Su postura contrasta con la de la acusación popular ejercida por la UCM y con la del propio instructor, que mantiene abierta la causa. El juicio con jurado popular determinará finalmente si Begoña Gómez es culpable de los delitos que se le imputan. Mientras tanto, el caso sigue generando un intenso debate político y judicial, dado que la investigada es la esposa del jefe del Ejecutivo en funciones. La resolución de la Audiencia y la petición de la Fiscalía marcan un paso más en un proceso que aún tiene un largo recorrido por delante.