El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que los espacios ofrecidos por la ciudad autónoma de Ceuta para acoger a migrantes tardarían «meses» en ser habitables. En su comparecencia ante la Comisión mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, el titular del departamento ratificó que el comité creado para gestionar la crisis modificará el decreto que fija las instalaciones disponibles, pero dejó claro que buena parte de los recintos propuestos no reúnen las condiciones mínimas para su uso inmediato.
Torres explicó que el martes viajó a Ceuta después de que el Consejo de Ministros lo situara al frente del mando único y se reunió con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y con colectivos vecinales. Según relató, les trasladó que el decreto que se publicará en el BOE y que establecerá el catálogo de instalaciones es «flexible y modificable», y que los polideportivos solo se incluyen ante situaciones extremas, sin que sea previsible su uso. «Ayer mismo estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o, incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión», afirmó.
El ministro consideró que la primera reunión del comité, en el que participan las distintas administraciones, fue «productiva» y recordó que tras la que se celebrará mañana habrá citas semanales. «Habrá errores y cometeremos fallos, pero ese es el camino», aseguró. Se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional y el mando único hasta final de año, aunque el Gobierno intentará acortar los plazos para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes. «Defendiendo la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos, ayudaremos a los ceutíes a que esa normalidad se consiga cuanto antes», garantizó.
El objetivo declarado es que las devoluciones y retornos se produzcan con «la máxima premura», pero siempre cumpliendo la ley y protegiendo a los solicitantes de asilo y a los menores. En este punto, Torres reprochó a quienes sostienen que todos los migrantes pueden ser devueltos de manera inmediata y sin su voluntad: «Es falso, es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira, y por tanto, quien lo afirma, sabe que eso no es posible». También afeó al PP que en su día votara en contra de la reforma de la ley de extranjería que permite la reubicación de menores entre comunidades y que ahora pida apoyar a la ciudad autónoma.
Torres admitió que la situación en Ceuta «no es fácil» y pidió el apoyo de todos los partidos para trabajar de manera coordinada ante la crisis migratoria. Entre críticas de la oposición y también de los aliados del Ejecutivo, el ministro garantizó transparencia en los procesos, insistió en que el Gobierno intentará acortar los plazos y tendió la mano a todos los grupos parlamentarios porque se puede hacer «muchísimo también desde la oposición».
En cuanto a los datos concretos de la presión migratoria, Torres precisó que la Fiscalía de Menores tiene filiados a un total de 1.475 menores en la ciudad autónoma. De ellos, cerca de 1.400 se encuentran distribuidos en 15 espacios, a los que se suman unas 300 niñas atendidas en colectivos vecinales. Estas cifras suponen un incremento de 1.000 menores filiados respecto a la población asistida en Ceuta antes del 31 de julio.