El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente un nuevo recurso contra la moratoria de licencias para pisos turísticos que el Ayuntamiento de Valencia, presidido por la popular María José Catalá, aprobó en mayo de 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado contrario a Derecho el acuerdo municipal en la parte que suspendía la tramitación y concesión de licencias de cambio de uso para implantar nuevos usos terciarios hoteleros, así como la eficacia de las declaraciones responsables presentadas para esos usos.
La sentencia, fechada el pasado 25 de septiembre y de la que fue ponente la magistrada Inmaculada Gil, recoge parcialmente las pretensiones de la promotora inmobiliaria Resina Properties SL, vinculada a inversores belgas que contrataron como representante legal al letrado Víctor Soriano. Soriano compagina su actividad privada como abogado con su puesto de asistente de la Mesa del Senado, donde asesora a la senadora del Partido Popular Eva Ortiz. El letrado ha podido ejercer esta acción legal contra una decisión de una Administración gobernada por el mismo partido que propuso su nombramiento en la Cámara Alta, en virtud de la compatibilidad profesional que tiene reconocida desde su designación.
«Ejerzo libremente la profesión de abogado y no admito presiones ni las indicaciones de nadie», ha señalado Soriano al ser preguntado por la compatibilidad entre su labor de asesoría a un cargo político del PP y su actividad legal privada. Aunque el Senado ya está disuelto por la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre, Soriano se mantiene como asesor de la Diputación Permanente hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Antes de que Catalá ganase las elecciones en Valencia en 2023, también trabajó en asuntos del grupo municipal del PP.
El fallo, que no es firme, podría abrir la puerta al reconocimiento de todas aquellas licencias que se solicitaron durante la vigencia de la moratoria o con anterioridad. El Ayuntamiento de Valencia optó por suspender las tramitaciones mientras elaboraba una normativa específica, ya aprobada, que tiene en cuenta por barrios o distritos el nivel de densidad de viviendas destinadas a uso turístico sobre el residencial y su impacto en el acceso a la vivienda de los habitantes de la ciudad. Informes municipales e independientes han advertido de la influencia de la actividad terciaria en los precios de los alquileres y en la decisión de las familias de trasladarse a otros barrios o poblaciones cercanas ante la incapacidad de acceder a una solución habitacional.
La resolución rechaza, en cambio, declarar la nulidad de la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las licencias de edificación para nuevos usos terciarios hoteleros. En este caso, según establece la sentencia, el Ayuntamiento sí justificó suficientemente con datos «la procedencia de la medida cautelar» a fin de «proteger el entorno urbano y garantizar el derecho a disfrutar de la vivienda, que constituyen, cabe reiterarlo, imperiosas razones de interés general a efectos de aquella normativa». Esa es la razón de que la estimación del recurso sea parcial y no total.
El fallo se suma a otro dictado en abril de este año por la misma Sala, que estimó parcialmente el recurso de otros inversores con argumentos muy similares. La sentencia del pleito iniciado por Resina Properties se explica por unificación de doctrina. Contra la resolución puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante el propio TSJCV, dentro del plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la notificación.
El despacho Soriano i Piqueras, además de llevar asuntos contenciosos privados y ejercer como asistente de la senadora del PP, ha trabajado para Manos Limpias en la acusación popular en el caso del ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, y está presente en la causa del rescate a Plus Ultra y en la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El año pasado, otra empresa representada por su bufete, Business Decision and Advice SL, inició una acción penal contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, el también popular Juan Giner, por la paralización de unos apartahoteles, aunque el juzgado archivó las diligencias en mayo al no encontrar indicios del delito de prevaricación administrativa.