El Ayuntamiento de Málaga ha paralizado la emisión de nuevas multas en su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después del revés judicial que anuló parcialmente la ordenanza que la regula. La decisión, anunciada por la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, deja en el aire más de 46.000 propuestas de sanción contabilizadas hasta julio, a las que se suman las tramitadas entre agosto y mediados de octubre, cuyo número aún no se ha hecho público.
El origen del conflicto está en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada en mayo, que estimó parcialmente un recurso de Vox y calificó de «discriminatoria» la distinción entre vehículos sin etiqueta medioambiental según su municipio de registro. La norma permitía circular por la ZBE a los coches y motos contaminantes domiciliados en Málaga, mientras que sancionaba a los mismos vehículos si estaban registrados en otras localidades. Pese al fallo, el Consistorio recurrió y mantuvo la imposición de multas hasta ahora.
La paralización de las sanciones desde este miércoles abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los conductores ya multados, especialmente con quienes ya han pagado. Las cuantías ascendían a 200 euros, reducibles a 100 por pronto pago. Tomando como referencia los expedientes registrados hasta julio, el importe potencial oscila entre 4,6 y 9,3 millones de euros. La concejala ha aclarado que no será su departamento el que determine el futuro de esos expedientes, sino Gestrisam, el organismo municipal de gestión tributaria y recaudatoria, que estudiará cada caso en función de la fase en que se encuentre.
La situación jurídica no es la misma para todos. Quienes ya pagaron lo tienen más difícil para recuperar su dinero que quienes aún no lo han hecho o han recurrido. La vía habitual en estos casos es la reclamación de responsabilidad patrimonial, un camino tedioso que no garantiza la devolución. Vox ha reclamado al Ayuntamiento que devuelva de oficio las multas cobradas, mientras el equipo de gobierno del PP afronta el coste político de una norma que su partido no llevó a los tribunales.
El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para modificar los dos apartados de la ordenanza cuestionados por los tribunales. El objetivo, según Hernández, es garantizar la seguridad jurídica de la nueva regulación. La edil ha estimado que el proceso podría prolongarse entre nueve y diez meses, aunque ha asegurado que no quiere que se extienda más allá de las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027. Para redactar el nuevo texto, el Consistorio estudiará los casos de otras ciudades españolas con resoluciones contrarias a sus ZBE, con la intención de evitar la litigiosidad.
La ZBE de Málaga echó a andar a finales de 2024, un año más tarde de lo previsto por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. El Ayuntamiento obtuvo una prórroga al no disponer del equipo técnico necesario para controlar el acceso a las 437 hectáreas delimitadas, vigiladas por 97 cámaras. El primer año fue de rodaje, sin multas, que no comenzaron a imponerse hasta el 1 de diciembre de 2025. La normativa establecía un calendario de restricciones progresivas y preveía que, a partir de la tercera anualidad, que se inicia el 30 de noviembre de este 2026, los coches con etiqueta B solo pudieran circular si estaban domiciliados en la ciudad. Ese endurecimiento queda ahora condicionado a la elaboración de la nueva normativa.
El Consistorio nunca ha ocultado la complejidad de sostener la ZBE en un contexto de presión técnica y jurídica. No ponerla en marcha, ha advertido siempre, habría supuesto un corte de las ayudas europeas a la movilidad. El Ayuntamiento estudia incluso recurrir al Tribunal Supremo, mientras el control de acceso sigue aplicándose sin multas. La incertidumbre se extiende así a los miles de conductores que ya han sido cazados por las cámaras y a un consistorio que deberá rehacer parte de su normativa para evitar nuevas anulaciones.