El Gobierno se prepara para un escenario inédito en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, los primeros de la legislatura si logran salir adelante. Tras el rechazo de la semana pasada en el Congreso de los Diputados a la senda de estabilidad —que fija los objetivos de deuda, déficit y regla de gasto— por parte de PP, Junts, UPN y Vox, el Ejecutivo llevará de nuevo esta propuesta al Consejo de Ministros del próximo martes. La ley obliga a presentarla otra vez en un plazo máximo de un mes desde su veto, aunque permite modificarla. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que no se introducirán cambios, por lo que es muy probable que la Cámara Baja vuelva a tumbar los topes fiscales en el Pleno del jueves.
Ante este previsible nuevo bloqueo parlamentario, el Gobierno planea activar una vía alternativa ya explorada en 2024, cuando María Jesús Montero lideraba Hacienda. En aquella ocasión, un informe de la Abogacía del Estado sostenía que, si el Congreso rechaza dos veces la senda de estabilidad, el Ejecutivo puede elaborar los Presupuestos tomando como referencia los objetivos fiscales comprometidos con la Comisión Europea en el último Plan Fiscal y Estructural a medio plazo. Entonces, el Gobierno optó por no seguir adelante con el trámite presupuestario, pero ahora la situación es distinta debido a la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas el pasado 1 de enero de 2025, que añaden incertidumbre sobre la viabilidad de esta maniobra.
La senda de estabilidad rechazada establece una reducción progresiva del déficit público para el conjunto de las administraciones: del 1,8% del PIB en 2027 al 1,6% en 2028 y hasta el 1,5% en 2029. Estos límites ya fueron vetados hace meses, lo que llevó al Gobierno a renunciar a la aprobación de nuevas cuentas y a prorrogar los presupuestos de 2023, que se han convertido en los más longevos de la historia reciente de España, con tres prórrogas consecutivas. El techo de gasto asociado a esta senda asciende a la cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el fijado para 2025, aunque ese incremento nunca llegó a materializarse al no presentarse las cuentas públicas.
Uno de los puntos clave del debate es el margen fiscal que la senda otorga a las comunidades autónomas. Las metas actuales permiten a las regiones incurrir en un déficit del 0,1% durante los tres próximos ejercicios, lo que se traduce en un margen extra de gasto de 5.849 millones de euros. Esto implica que el Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo de consolidación fiscal, mientras que las entidades locales deberían cerrar esos años con déficit cero. En cambio, si se aplican los objetivos comprometidos con Bruselas, las autonomías se verían obligadas a cerrar en equilibrio presupuestario, perdiendo tanto esa décima de déficit como el consiguiente margen de gasto adicional.
El ministro de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Arcadi España, ya advirtió durante el debate parlamentario que «no se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo». La oposición y algunos socios del Gobierno dan por hecho que la falta de apoyos para los Presupuestos podría servir como «excusa» para adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027, poniendo fin a la legislatura con un motivo ajeno a la crisis judicial que rodea al PSOE desde hace meses. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que no tiene sentido que las comunidades autónomas voten en contra de un mayor margen fiscal, y confía en que la presión política y la necesidad de cumplir con Bruselas acaben desbloqueando la situación.
El escenario actual refleja la compleja aritmética parlamentaria que enfrenta la coalición de gobierno, que necesita reunir apoyos suficientes en un Congreso fragmentado. La repetición del rechazo a la senda de estabilidad no solo retrasa la elaboración de los Presupuestos, sino que también abre un periodo de incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo para gestionar la política fiscal en un contexto de nuevas reglas europeas. La decisión final sobre si se activa la vía de los objetivos pactados con Bruselas o se busca una solución negociada marcará el rumbo económico del país en los próximos meses.