El Gobierno ha puesto en duda la lealtad del PP al Pacto de Estado contra la Violencia de Género después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya cedido a Vox el control de las unidades que evalúan a las víctimas de violencia machista en Andalucía. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si esta decisión supone una ruptura del pacto firmado en diciembre de 2017 por socialistas y populares.
La cesión afecta a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, dependientes de la Consejería de Justicia que dirige el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, de Vox. Estos servicios, considerados pioneros en Andalucía, se ocupan de valorar el riesgo de las víctimas, la reincidencia de los agresores y la situación de desprotección de los menores. La decisión ha desatado una tormenta política en pleno agosto y ha llevado a la oposición de izquierdas y a los sindicatos a cargar contra el PP.
La polémica entronca con la irrupción de Vox en la política andaluza hace siete años, cuando la formación exigió la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, aprobadas por unanimidad o amplia mayoría en el Parlamento. Su primera iniciativa parlamentaria fue solicitar la identificación de todos los empleados públicos, funcionarios, subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que trabajasen contra la violencia machista. La petición, que los afectados calificaron de «caza de brujas», apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial y buscaba «depurar» a psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales por un supuesto «sesgo ideológico».
El promotor de aquella iniciativa fue el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado Francisco Serrano, que tildó el sistema de «feminismo supremacista de izquierdas». La propuesta generó una enorme polémica y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, llamó «fascistas» a los primeros doce diputados de Vox, mientras Serrano se mofaba de su «alarmismo». Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión de Moreno de entregar a la ultraderecha el control de estas unidades ha reavivado las críticas.
Desde el Ministerio de Igualdad, Redondo ha advertido de las consecuencias del pacto entre PP y Vox: «La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?». La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura: «A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes».
La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha acusado a Moreno de «entregarse al negacionismo de su socio ultra» y ha escrito: «No todo vale para gobernar. ¡Qué poco les importa la vida de las mujeres!». La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, ha denunciado que dejar en manos de Vox estos servicios públicos supone «poner en riesgo la protección de las víctimas» y ha asegurado que «Moreno Bonilla comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir».
El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avanzado que fiscalizarán «al dedillo» cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas, tanto en el Parlamento como en las calles y, si es necesario, en los tribunales. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, ha subrayado que «el PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda».
La polémica ha sorprendido al equipo de Moreno fuera del curso político, con los consejeros ocupados en criticar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis humanitaria de Ceuta. La Consejería de Igualdad del Gobierno andaluz, consultada sobre esta cuestión, ha rehusado hacer valoraciones. Mientras tanto, la oposición ha anunciado que mantendrá la vigilancia sobre la gestión de unos servicios que consideran esenciales para la protección de las víctimas de la violencia machista en Andalucía.