El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y líder de Vox en la región, Manuel Gavira, ha anunciado que la comunidad se opondrá a cualquier reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados que hayan llegado a Ceuta. En un mensaje en redes sociales, Gavira ha defendido que Andalucía, «como el resto de gobiernos donde esté Vox», rechazará los mecanismos de distribución de menores que plantee el Gobierno central, y ha recordado que esa posición forma parte del acuerdo sellado con el Partido Popular para hacer a Juanma Moreno Bonilla presidente de la Junta. Para el vicepresidente andaluz, lo ocurrido en la frontera ceutí es «una invasión», y ha insistido en que quienes cruzaron ilegalmente deben regresar a Marruecos: «Y, si son menores, con sus padres».
El anuncio de Gavira se produjo después de que los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, todos ellos formados por el PP en coalición con Vox, avanzaran su rechazo frontal a un futuro reparto. En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, uno de los dos miembros de Vox del Ejecutivo autonómico, ha asegurado que el Gobierno extremeño «se va a oponer por tierra, mar y aire» y que utilizará «todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos» para evitar la acogida. Aragón, por su parte, ha anunciado que pondrá «todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos» a su alcance, mientras que la vicepresidencia primera de Castilla y León, en manos de Vox, ha dicho que se opondrá «frontalmente».
El acuerdo de investidura andaluz, firmado por Moreno Bonilla y por el propio Gavira, incluye en su punto 12 el «rechazo frontal a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía». El texto añade que la Junta se opondrá «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes irregulares, tanto adultos como menores. El vicepresidente ha apelado a ese compromiso para justificar la posición de su partido y ha advertido al PP de que así lo pactaron.
También se ha pronunciado Alejandro Hernández, exportavoz de Vox en el Parlamento andaluz y actual delegado de Justicia del Gobierno en Córdoba, quien ha cuestionado en redes sociales «qué razones humanitarias nos obligan a hacernos cargo» de estos menores. Hernández ha señalado que en Marruecos no hay guerra, hambruna ni catástrofe natural, y ha acusado a Rabat de no asumir su responsabilidad mientras, en su opinión, «se va a gastar 600 millones de euros en construir un estadio de fútbol para albergar la final de un mundial».
El Partido Popular, que gobierna con Vox en varias comunidades, ha enviado mensajes contradictorios. Su secretario general, Miguel Tellado, ha calificado la llegada de migrantes a Ceuta como una crisis de «seguridad nacional» y no como una cuestión migratoria. Poco después, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha matizado que las comunidades populares «siempre van a cumplir la ley». Esa precisión resulta relevante porque, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado con el voto en contra de PP y Vox, las comunidades no pueden negarse por completo a acoger a los menores que se les asignen para aliviar la presión sobre Ceuta, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
Las autonomías gobernadas por la derecha sí pueden recurrir cada expediente individual, pero esas mismas fuentes confían en que los recursos solo retrasen los traslados unos pocos días. Mientras tanto, las autoridades de Ceuta calculan que hay alrededor de un millar de menores extranjeros que necesitarán atención en el sistema de protección. Se prevé que la cifra aumente, puesto que muchos de ellos todavía se encontraban «en barriadas y calles» y no se habían incorporado a los recursos de acogida.
El choque entre el Gobierno central y las comunidades autónomas llega después de la entrada masiva de alrededor de 72.000 personas en Ceuta el pasado jueves, un episodio que ha reabierto el debate sobre la política migratoria y sobre la responsabilidad de las regiones en la acogida de menores no acompañados. Mientras varias comunidades gobernadas por la derecha anuncian su negativa, el Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que el marco legal vigente obliga a todas las autonomías a participar en el reparto para aliviar la situación de Ceuta y garantizar la protección de los niños y adolescentes que han quedado en situación de vulnerabilidad.