El comité de huelga de la educación pública madrileña recurrirá las tres instrucciones enviadas por la Consejería de Educación, entre ellas la que ordena a los centros garantizar la «neutralidad ideológica» en las aulas. La medida, presentada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como una forma de evitar el «adoctrinamiento» del alumnado, ha provocado un fuerte rechazo entre buena parte del profesorado y de las direcciones de los centros, que la ven como un intento de censura y como una norma difícil de aplicar.
La instrucción llega en plena huelga indefinida que se desarrolla desde hace cinco semanas en la región. Durante la concentración docente de este viernes frente a la Consejería, la tensión fue mayor de lo habitual. Según el Gobierno regional, los centros deben ajustar su labor educativa para que, cuando se habla con los alumnos sobre la huelga, la función sea «educar, no adoctrinar». Para los docentes, sin embargo, el texto no define con claridad qué se considera político, lo que deja a los profesionales en una situación de incertidumbre.
Marta Viñes, profesora especializada en educación democrática, sostiene que «la neutralidad no puede convertirse en una coartada para el silencio ante la injusticia, la discriminación o la vulneración de los derechos fundamentales». Añade que «educar en democracia no es adoctrinar: es formar ciudadanos libres, críticos y capaces de cuestionar las relaciones de poder, también las institucionales». Según estos docentes, la instrucción no aclara qué entra en el concepto de neutralidad, y la falta de definición preocupa tanto a los profesores como a los equipos directivos.
Un veterano director de la zona este de Madrid, que pidió no ser identificado por temor a represalias, plantea preguntas sin respuesta sobre la aplicación diaria de la norma. «¿Qué es la neutralidad? ¿Lo que tú piensas? ¿Está recogido en algún sitio? ¿Qué es política? Tener la foto del rey en el despacho, ¿es política o es cumplir la ley?», se pregunta. Y recoge un ejemplo concreto de lo que vive en su centro: «Cuando un alumno, que los tengo, lleva una pulsera de Vox, ¿es política? ¿Qué hago, se la quito?».
La secretaria general de Educación en Madrid de CCOO, Aída San Millán, habló en rueda de prensa de un doble rasero. Recordó que a los centros se les obligó a colgar banderas de Ucrania al comenzar la guerra, un proceso en el que, según relató un director, el personal tuvo que recoger el material y firmar para asegurar que no faltara nada. Sin embargo, la Comunidad prohíbe colgar símbolos relacionados con Palestina porque, según la administración, «es político». San Millán sostuvo que «estamos acostumbrados a que en la Comunidad de Madrid ellos decidan qué es político y cuándo algo es político».
Los críticos citan también la asignatura de religión en las escuelas. Según el sindicato, la legislación establece que el Estado es aconfesional, pero en las aulas esa neutralidad no se aplica del mismo modo. Por otro lado, señalan que la presidenta Ayuso no vio adoctrinamiento cuando el movimiento Más Plurales utilizó a niños menores de diez años para protestar contra la ley educativa del Gobierno central (Lomloe), impulsada junto a algunas patronales de la concertada.
Los docentes se sienten, además, señalados. Viñes reconoce que son conscientes de las obligaciones profesionales, los controles institucionales y los límites legales de su profesión, pero advierte de que «una administración educativa debe supervisar a sus docentes, pero también tiene la responsabilidad de protegerlos y respaldar su profesionalidad. Ambas obligaciones son inseparables».
En cuanto a la vía jurídica, el comité de huelga recurrirá las tres instrucciones: la de neutralidad, la que amplía los servicios mínimos —pese a que el Gobierno regional considera que la huelga apenas tiene seguimiento— y la que establece un plan de refuerzo. Una asesora jurídica del comité sostiene que, aunque la consejera Mercedes Zarzalejo las llame «instrucciones», en realidad modifican una ley orgánica porque «vulneran las funciones de los docentes y las de los directores». Añade que tendrían que haberse regulado mediante una disposición de carácter general y no mediante una instrucción de funcionamiento ordinario. Advierte, además, de que si no se conceden medidas cautelares que paralicen su aplicación, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie, las instrucciones ya habrán producido el efecto buscado.
La asociación de directores de Secundaria Adimad ha pedido a la consejera que retire las instrucciones por considerarlas «innecesarias». El Consejo de Directores de Educación Infantil, Primaria, Especial y CEIP de la Comunidad de Madrid, en un comunicado más conciliador, advierte de que el profesorado está «extremadamente molesto» porque siente que su profesionalidad se pone en cuestión, y pide diálogo y una rebaja en el tono.
El conflicto también se traslada al debate político. En una de sus últimas declaraciones, Ayuso calificó de «garrapatas» a quienes, según ella, viven de lo público sin amar lo que dicen defender. Sus palabras motivaron reproches de la oposición. En el pleno de la Asamblea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le reprochó que «lleva toda la vida chupando del presupuesto público y se atreve a llamar garrapatas a los profesores de nuestros hijos».