La jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha concluido que existen «claros indicios» de que los fallecimientos registrados en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados, hubieran ejercido sus funciones conforme a la normativa de protección civil. En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora señala que las muertes en esta pedanía, una de las tres del término municipal de València con víctimas mortales, son «una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia».
El auto subraya que el conocimiento de las propias competencias era un elemento decisivo para actuar con rapidez. La magistrada advierte de que, cuando Pradas llegó a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella misma como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, «la actuación que asumió ya fue tardía y errónea». Respecto a Argüeso, considera que su afirmación de que «no tenía por qué ir al Cecopi» es «difícilmente inteligible», dado que la convocatoria la realiza la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, organismo que él mismo dirigía como secretario autonómico. A juicio de la jueza, esa explicación solo puede entenderse como un intento de justificar su «escasa o nula intervención», lo que incidiría igualmente en el resultado mortal.
La resolución repasa la cronología de aquella jornada: ya existía un aviso rojo de Aemet por la mañana, hubo bomberos forestales que no fueron movilizados para vigilar cauces, el Cecopi fue «anormalmente tardío en su convocatoria» y se produjo una «conocida ralentización en la toma de decisiones relevantes». Todo ello culminó con un mensaje Es-Alert enviado a las 20:11 horas, marcado por «vacilaciones, disquisiciones jurídicas y lingüísticas». La jueza incide en los errores del proceso de redacción: las distintas propuestas recomendaban «permanecer en sus domicilios» o «evitar desplazamientos», y el texto final no alertaba del peligro real de bajar a un garaje o quedarse en la planta baja. «Se desconoce todavía por qué motivos se cambió dicho texto del borrador nº 706, que decía 'permanezcan en sus domicilios'», apunta la instructora, quien añade que un mensaje de subir a pisos altos «podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas».
El auto detalla las circunstancias en que murieron varios vecinos de la pedanía: una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio y dos vecinas cuyos cuerpos fueron hallados en Sedaví. La jueza recuerda que la bajada a los garajes «resultó mortal, pero también caminar por la calle o circular con el vehículo», y subraya que la población de La Torre, donde no llovía, «no podía ser consciente del peligro en el que se encontraba».
En la misma resolución, la magistrada requiere al Ayuntamiento de València que identifique en un plazo de cinco días al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre que prestaba servicios el día de la dana y que aporte copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre. También solicita copia de las comunicaciones remitidas desde cualquier organismo público —112, Emergencias, Diputación o Administración central— a la alcaldía pedánea. Estas diligencias se suman a la declaración del alcalde pedáneo, Rafael Arnal, quien testificó el pasado 5 de octubre que no había recibido avisos directos del Centro de Coordinación de Emergencias, sino que fue la alcaldesa de València, María José Catalá, quien remitió el aviso rojo de Aemet a través de un chat de WhatsApp.