La jueza que instruye el caso de la dana ha concluido que existen «claros indicios» de que los fallecimientos registrados en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados, hubieran ejercido sus funciones conforme a la normativa de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Así lo recoge un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el que la magistrada califica lo ocurrido en esta pedanía como «una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia».
El auto señala que el mensaje de subir a pisos altos «podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas». La instructora subraya que los vecinos de esta pedanía, donde no llovía, «no podía ser consciente del peligro en el que se encontraba cuando bajó a un garaje, o estaba en la planta baja de su casa, caminaba por la acera o circulaba con el coche». La bajada a los garajes, añade, «resultó mortal, pero también caminar por la calle o circular con el vehículo».
La jueza detalla que entre las víctimas mortales de La Torre se encuentran una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio y dos vecinas cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví. En total, la dana dejó 17 fallecidos en el término municipal de València, y La Torre es una de las tres pedanías con víctimas mortales.
El auto incide en que uno de los elementos decisivos para la toma de decisiones con prontitud es el conocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia. «Cuando Pradas llega a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella misma como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, la actuación que asumió ya fue tardía y errónea», advierte la magistrada. Respecto a Argüeso, indica que su afirmación de que «no tenía por qué ir al Cecopi» es «difícilmente inteligible teniendo en cuenta que la convocatoria al Cecopi se hace por la AVSRE, y que el secretario autonómico es el director de la misma», y apunta que «solo se puede explicar como una forma de justificar la escasa o nula intervención del mismo, y ello incidiría igualmente en el resultado mortal sucedido en La Torre».
La instructora rememora que el 29 de octubre de 2024 ya existía un aviso rojo de Aemet por la mañana, que hubo bomberos forestales que no fueron movilizados para vigilar cauces, que el Cecopi fue «anormalmente tardío en su convocatoria» y que hubo una «conocida ralentización en la toma de decisiones relevantes», lo que culminó con un mensaje Es-Alert a las 20:11 horas, «con las ya conocidas vacilaciones, disquisiciones jurídicas y lingüísticas».
La jueza también profundiza en los errores del proceso de redacción del mensaje Es-Alert, con distintas propuestas de texto que recomendaban «permanecer en sus domicilios» o «evitar desplazamientos». Señala que con el mensaje final «no se alertaba del peligro real, por ejemplo, de bajar a un garaje o de quedarse en la planta baja de casa». «Se desconoce todavía por qué motivos se cambió dicho texto del borrador nº 706, que decía 'permanezcan en sus domicilios'. En el caso de La Torre habría podido evitar bajar a un garaje o salir a la calle», indica.
El auto también recuerda que el alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, testificó el pasado 5 de octubre que «no había recibido avisos de manera directa desde el Centro de Coordinación de Emergencias, sino que fue la propia alcaldesa de València, María José Catalá, la que remitió en un chat de WhatsApp el aviso rojo de la Aemet». Por ello, la jueza requiere al Ayuntamiento de València que identifique, en un plazo de cinco días, al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre que prestaba servicios el día de la dana y que aporte copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre. También le reclama que remita copia de las comunicaciones trasladadas desde cualquier organismo público a la alcaldía pedánea.