El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja a contrarreloj para llevar al próximo Consejo de Ministros un decreto de vivienda que permanece paralizado desde principios de julio por la falta de apoyo parlamentario. La urgencia responde al impacto social y político del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad que fue expulsada de su casa esta semana por un fondo inmobiliario con un amplio despliegue policial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció desde Nueva York para exigir «altura de miras y responsabilidad» a los grupos parlamentarios y sacar adelante un real decreto que calificó de «imperioso». En La Moncloa admiten que la imagen de una mujer de 87 años sacada de su vivienda por antidisturbios supone un golpe durísimo para un Ejecutivo que prometió que esta sería «la legislatura de la vivienda».
El objetivo es que el borrador que prepara el Ministerio de Vivienda, cuestionado por su gestión, sea negociado a marchas forzadas con Sumar y con el resto de socios parlamentarios. Fuentes de la parte minoritaria del Ejecutivo confirman que las conversaciones con el PSOE se han intensificado en las últimas horas y que trabajan con la idea de aprobar el texto en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último de septiembre, aunque no hay fecha cerrada. La propia ministra de Vivienda ha hablado personalmente con portavoces de grupos cuyo voto es indispensable para la convalidación, descontado el «no» de PP y Vox.
El decreto incluye medidas sensibles como mecanismos antidesahucios y la prórroga de los alquileres. La legislación vigente establece que desde la primera orden de lanzamiento se abre un plazo de cuatro meses en el que el desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente garantice una alternativa habitacional. Si transcurrido ese plazo no se ofrece, el desahucio se reactiva. El texto del Gobierno plantea una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir los desahucios sine die y el argumento de las derechas sobre la inseguridad jurídica para los propietarios: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino vulnerable tenga una alternativa, pero que sea la administración, y no el propietario, quien asuma todos los gastos mientras dure el proceso.
Fuentes de Vivienda confían en que algunas de las fórmulas estudiadas sirvan para alcanzar «la cuadratura del círculo» de la legislatura, es decir, poner de acuerdo a fuerzas tan dispares como Junts, con un discurso alineado con PP y Vox en materia de vivienda, y Podemos, que pide ir más allá. En el seno del Gobierno hay voces que defendieron internamente que el decreto se hubiera aprobado en el Consejo de Ministros de esta misma semana, pero nunca llegó el visto bueno político. Hasta ahora, el Ejecutivo sostenía que el decreto debía impulsarse cuando hubiera visos de éxito parlamentario, pese al rechazo de Sumar, que llevaba semanas exigiendo aprobar el texto y amarrar los votos con él ya en vigor.
El desalojo de Maricarmen ha sido, según un dirigente de Sumar, «un punto de inflexión» en el debate social y político sobre la vivienda. Colectivos de inquilinos y fuerzas de izquierda han criticado con dureza la actuación del Gobierno, mientras este insiste en recordar que son los grupos de la derecha los que bloquean la norma y que es el PP donde gobierna el que no aplica la ley. La orden política ahora es apretar el acelerador en mitad de un chaparrón de críticas, con el objetivo de que el decreto pueda ser aprobado incluso sin todas las garantías de su refrendo en el Congreso.