El Gobierno intensifica las negociaciones para que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto de vivienda con garantías de apoyo parlamentario. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, mantiene contactos directos con Junts y Podemos para cerrar un acuerdo de mínimos que regule los alquileres y limite los desahucios. La ministra es quien lidera la interlocución con Míriam Nogueras y Ione Belarra, según fuentes del Ejecutivo.
El estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen ha reactivado unas negociaciones que permanecían bloqueadas desde hacía semanas. Rodríguez afirmó este jueves que lo ocurrido en las últimas horas «ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas». Existe el convencimiento entre las partes de que el caso ha agitado la política española y puede dar paso a un acuerdo que hasta ahora parecía imposible.
El objetivo inmediato es que el decreto reciba luz verde el martes, pero ese sería solo el primer hito. Después habría un mes por delante para seguir buscando el pacto antes de que el texto se someta a votación en el Congreso para su convalidación definitiva. Las negociaciones se prevén largas y el Ejecutivo necesita atar los votos de Junts, los más difíciles de amarrar de cuantos necesita en la Cámara Baja.
Los independentistas catalanes ya se comportan en la práctica desde hace meses como una fuerza más de oposición junto al PP y Vox, por lo que el Gobierno lee con optimismo el mero hecho de que se hayan sentado a negociar. Los equipos de Vivienda y de Junts ya intercambian documentos. La meta es que las cesiones que el Ejecutivo tenga que ofrecer a los de Puigdemont, casi todas en materia fiscal en beneficio de los propietarios, no sean incompatibles con los postulados de Podemos y otros socios de izquierdas.
Una de las fórmulas que estudia el Gobierno tiene que ver con las medidas antidesahucios. La legislación vigente establece que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que el desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garantice una alternativa habitacional. Si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.
El texto que plantea el Gobierno busca una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts sobre la inseguridad jurídica para los propietarios frente a la «inquiokupación». La propuesta es que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el propietario quien asuma todos los gastos mientras dure el proceso.
Esa medida es básicamente la misma que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento. Los independentistas confirmaron este miércoles que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Vivienda en relación al decreto. Esa asunción supone una novedad, porque Junts lleva muchos meses presumiendo de no negociar nada con el Gobierno, aunque los puentes nunca se han roto del todo.
Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont aseguraban este jueves que el PSOE está «estudiando» sus propuestas. Afirmaban, además, que «hace dos semanas» hicieron entrega al presidente Pedro Sánchez de un paquete de «medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda» que Junts presentó «hace meses» en el Congreso. «Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas», apuntaban estas fuentes.
La mención de los independentistas a esas «medidas concretas» no es casual, sino que señala el camino por el cual quieren que discurra la negociación. El pasado mes de abril, Junts presentó una proposición no de ley que agrupaba las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse «en materia de arrendamiento de viviendas». El grueso de ese paquete es fiscal y va en la línea de lo que los independentistas llevan meses pidiendo al Ejecutivo: deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra.