El Gobierno de Pedro Sánchez da por agotada la legislatura con la actual composición del Congreso y prepara la convocatoria de elecciones generales, que podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre. La decisión, según fuentes del Ejecutivo, está a expensas de que el presidente dé el visto bueno final, algo que podría oficializarse en las próximas horas, previsiblemente durante la mañana del lunes, tras un fin de semana de consultas y reflexión.
El detonante de este giro político ha sido la derogación el pasado viernes en la Cámara Baja de los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo, que fueron tumbados con los votos de PP, Junts y Vox. Esa votación, unida a la oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda desencadenada a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha llevado al equipo de Sánchez a interpretar el nuevo escenario como una oportunidad para activar al electorado progresista en las urnas.
«El paso de las horas ha ayudado a calibrar la gravedad de lo que pasó el viernes», señalan fuentes del Ejecutivo, que hablan abiertamente de una legislatura finiquitada. «El Congreso no estuvo a la altura de una emergencia de este país. Van a desahuciar a mucha gente de su casa por culpa de unos irresponsables y está claro que esa conformación parlamentaria no nos sirve para tomar las medidas que necesitamos tomar. El adelanto electoral será una medida de vivienda en sí misma», añaden las mismas fuentes.
Junto al adelanto electoral, la otra decisión que se ha estudiado durante el fin de semana en el seno del Gobierno es volver a aprobar en Consejo de Ministros el contenido de los dos decretos tumbados el viernes. La intención de Sánchez es que esas medidas vuelvan a entrar en vigor de manera inmediata para evitar que situaciones como la de Maricarmen se conviertan en un goteo de desahucios de personas vulnerables durante las próximas semanas. Además, se pretende que la convalidación parlamentaria de esos decretos se convierta en el acto central de una precampaña que girará en torno a la vivienda.
El Ejecutivo planea apurar el plazo legal de 30 días establecido para la convalidación de un decreto en el Parlamento. Si, como se prevé, las Cortes ya estuvieran disueltas, la convalidación tendría lugar en la reunión de la Diputación Permanente, el órgano competente para velar por los poderes de la Cámara cuando esta ha sido disuelta o no está en periodo de sesiones. Con la actual composición del Congreso, existe una mayoría diferente en el Pleno y en la Diputación Permanente, donde al Gobierno no le haría falta el apoyo de Junts. No obstante, no es seguro que grupos como el PNV respaldaran un movimiento parlamentario claramente táctico, aunque amparado por la ley.
Fuentes del Ejecutivo restan importancia a ese posible obstáculo: «El mensaje para las elecciones es claro: cuanto antes tengamos otro Congreso, antes podremos tomar medidas». A última hora del domingo, la agenda pública de Pedro Sánchez para el lunes seguía intacta e incluía la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar y la reunión de la Ejecutiva del PSOE a mediodía, aunque todo podría cambiar ante la decisión final del presidente.
El ambiente generalizado es de fin de legislatura, con las protestas por la vivienda todavía presentes en forma de acampadas en las plazas del país. La convocatoria anticipada de elecciones generales es ya una realidad asumida por casi todo el Gobierno, a la que solo le caben las cautelas de que es Pedro Sánchez, y solo Pedro Sánchez, quien tiene la potestad exclusiva de hacerlo y oficializarlo.