El Partido Popular ha abandonado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, alegando una «pérdida de confianza absoluta» en la gestión del alcalde Salvador Hernández, de Ciudadanos, y una «opinión distinta» sobre el futuro del hotel ilegal de El Algarrobico. La ruptura deja al regidor con un gobierno municipal de apenas dos integrantes: él mismo y una concejal no adscrita, Ángeles Carrillo, frente a once ediles en la oposición. La decisión, anunciada en un vídeo en Facebook por el secretario general del PP almeriense, Francisco Bellido, añade un nuevo capítulo a la turbulenta historia política de este municipio del Levante almeriense, donde el polémico hotel construido en la playa de El Algarrobico ha sido un factor recurrente de conflictos.
Bellido explicó que el PP mantiene un «compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales» relativas al hotel, pero dentro del propio gobierno municipal existían «criterios diferentes» al respecto, lo que ponía en cuestión la voluntad real de Hernández de ejecutar la sentencia que obliga a declarar la nulidad de la licencia y a avanzar en el derribo. El dirigente popular no concretó otros motivos, aunque señaló que la situación se había vuelto «insostenible». Por su parte, el alcalde Hernández achacó la ruptura a la «sombra de las elecciones», que se celebrarán en diez meses, y negó cualquier falta de compromiso con la legalidad.
El conflicto tiene su origen en el hotel de El Algarrobico, una mole de hormigón construida entre 2003 y 2006 en la playa del mismo nombre, dentro del parque natural de Cabo de Gata y en pleno dominio público. La licencia de obras fue concedida en enero de 2003 por el entonces alcalde Cristóbal Fernández, del PSOE, a pesar de que el proyecto incumplía la Ley de Costas y el Plan de Protección de los Recursos Naturales. Desde entonces, el edificio ha sido objeto de una larga batalla judicial que culminó en 2021 con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), firme desde 2022, que ordena la demolición. La semana pasada, el Pleno de Carboneras aprobó finalmente anular la licencia, en un segundo intento después de que una primera votación fracasara por una maniobra de última hora de los concejales del PSOE y dos no adscritos, lo que generó una advertencia firme de los magistrados del TSJA para que el Ayuntamiento ejecutara la sentencia.
La historia política reciente de Carboneras está marcada por alianzas y traiciones entre tres líderes locales que han protagonizado el poder municipal durante décadas. Cristóbal Fernández fue alcalde desde 1983 hasta 1995 y luego de 1997 a 2011, primero con un partido local y después con el PSOE. En 2007 fue inhabilitado junto con su hermana Rosario por presionar a un conserje para que le votara, aunque ambos fueron indultados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Salvador Hernández, actual alcalde, tomó el relevo en 2011 como líder del Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), y tuvo como hombre de confianza a Felipe Cayuela, a quien cedió el testigo en 2018 tras ser inhabilitado por denegar información a los socialistas. Sin embargo, el ejercicio del poder distanció a Cayuela de su antiguo jefe, convirtiéndolos en rivales irreconciliables.
En 2019, el PSOE recuperó la alcaldía con José Luis Amérigo, hijo de Rosario y sobrino de Cristóbal Fernández, quien gobernó hasta 2023. Durante su mandato, la cuestión de El Algarrobico se enmarañó aún más, con actuaciones que algunos consideraron dilatorias. En las elecciones de 2023, Hernández volvió a la alcaldía, pero solo con un concejal de Ciudadanos, lo que le obligó a gobernar en minoría con el apoyo del PP. Ahora, con la ruptura de ese acuerdo, el alcalde se queda solo con una concejal no adscrita, mientras que el PP, el PSOE y otros grupos conforman una oposición de once ediles. La sombra de El Algarrobico sigue pesando sobre Carboneras, donde el cumplimiento de la sentencia judicial y las disputas políticas locales amenazan con prolongar un conflicto que ya dura más de dos décadas.