El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un viaje urgente a Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde hace días. La decisión se produce después de que cientos de personas hayan entrado a nado por la playa del Tarajal, elevando la tensión en la frontera sur de España. El Partido Popular y Vox han señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de esta situación.
Según fuentes de la Guardia Civil, la cifra de inmigrantes que han atravesado la frontera por vía marítima desde el pasado fin de semana supera ampliamente los 2.000. En lo que va de año, 30 personas han fallecido ahogadas en el intento de llegar a Ceuta, once de ellas solo en julio. Los agentes desplegados en la zona describen la situación como un «colapso operativo» y aseguran que carecen de medios suficientes para controlar el flujo constante de personas. Un guardia civil citado por fuentes del sector comparó la situación con la crisis de 2021, pero advirtió que ahora la presión es diaria.
El Gobierno, por su parte, ha descartado declarar la emergencia nacional, tal como lo solicitó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Desde Interior argumentan que la normativa de protección civil solo contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil para emergencias naturales y tecnológicas, por lo que no es posible activar ese mecanismo. En cambio, el ministerio asegura que todos los departamentos implicados (Interior, Inclusión, Migraciones y Política Territorial) están actuando de forma coordinada.
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta ha emitido una declaración institucional conjunta en la que insiste en la necesidad de una declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa sobre seguridad nacional. Además, pide el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y el cierre inmediato de la misma.
El repunte migratorio se ha visto influido por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 8 de julio, que impide las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleguen por vía marítima. El Partido Popular registró el 16 de julio una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería para habilitar el rechazo en frontera en las entradas a nado, una iniciativa que el Gobierno no ha respaldado. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado que el Ejecutivo haya optado por otras prioridades mientras la frontera sur sufre esta presión.
Vox ha cargado con dureza contra Sánchez. Su líder, Santiago Abascal, calificó la situación de «invasión» y aseguró que los migrantes no huyen de guerras ni de la pobreza, sino que son «llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras». Abascal responsabilizó al presidente de cada delito que pudieran cometer estas personas en España.
Mientras tanto, la tensión se ha trasladado también a los propios centros de acogida. Este jueves, cientos de migrantes que habían sido atendidos por la Guardia Civil en un recinto fronterizo escaparon a la carrera hacia las barriadas próximas, como El Príncipe o Juan XXIII, o hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Según cálculos de medios locales, alrededor de 700 personas huyeron del control de los agentes. Marruecos mantiene patrulleras en el mar, pero no está conteniendo a los nadadores.
La sobreocupación de los centros que acogen a los menores no acompañados alcanza el 1.600%, según fuentes ceutíes. La ciudad autónoma reitera su petición de un mando único que permita coordinar la respuesta a esta crisis, una solicitud que el Gobierno ha rechazado por el momento.