El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por Vox contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta a finales de julio. La decisión, adoptada mediante un auto y recogida por Europa Press, alcanza también a otras tres denuncias formuladas por Manos Limpias y a dos presentadas por particulares, de modo que el alto tribunal descarta por ahora todas las iniciativas dirigidas contra el Gobierno por este asunto.
Los denunciantes atribuían a los responsables del Ejecutivo los delitos de dejación de funciones y prevaricación administrativa. El tribunal considera, sin embargo, que los escritos presentados no aportan indicios suficientes para dirigir ahora la causa contra los investigados. Según el auto, la documentación sí obliga a examinar lo sucedido, pero no permite todavía atribuir responsabilidades concretas a ningún cargo. En otras palabras, el Supremo reconoce que los hechos merecen análisis, pero considera prematuro imputar a nadie.
El archivo no supone una absolución ni un pronunciamiento sobre el fondo de lo ocurrido. El propio auto deja abierta la posibilidad de que se exija responsabilidad penal en el futuro si surgen elementos que lo justifiquen. La resolución cierra, así, esta vía en el estado actual de las diligencias, sin renunciar a revisarla más adelante.
La entrada masiva en Ceuta se produjo a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera por varios puntos. La magnitud del episodio explica el interés político y judicial que ha despertado desde entonces. Los hechos han dado lugar a dos líneas de investigación distintas. Por un lado, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón investiga por separado lo ocurrido, con especial atención a un posible papel de Marruecos y a las advertencias de las autoridades españolas que, según las denuncias, no fueron atendidas.
En los escritos presentados ante el Supremo se citaban informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y deficiencias en la protección de la frontera. Son precisamente esos elementos los que, a juicio del tribunal, deben analizarse en profundidad, aunque por ahora no bastan para señalar a responsables concretos. La cuestión de fondo es, por tanto, si las alertas previas y los medios de vigilancia disponibles fueron suficientes, un punto que la investigación de la Audiencia Nacional tendrá que esclarecer.
El auto deja además abierta una posibilidad relevante. Si la Audiencia Nacional detecta la implicación de algún aforado, el caso podría volver al Tribunal Supremo, competente para juzgar a los miembros del Gobierno y a otros cargos con fuero especial. Esa eventualidad convierte la resolución en un paso intermedio más que en un punto final. Por el momento, no está claro qué funcionarios, si alguno, podrían enfrentarse a cargos en el futuro, ni en qué momento procesal podría producirse una decisión de ese calibre.