El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lanzado este jueves un mensaje claro tras conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la Ley de Amnistía: «Si alguno piensa que el conflicto entre Cataluña y España ha terminado, está equivocado». En una rueda de prensa junto al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, Turull calificó el fallo como «una gran victoria» de Cataluña y del independentismo, aunque advirtió que la batalla judicial no ha concluido. El dirigente instó al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes de las vacaciones de verano para despejar el camino hacia la aplicación plena de la norma.
Turull explicó que han estado en contacto con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, quienes reaccionaron «con una gran satisfacción porque el camino no ha sido nada sencillo». «Cuando se persiste se gana. Hoy Europa ha hablado, y de forma muy clara. Ya es la tercera victoria que hay en Europa», subrayó Turull, pese a admitir que esto no significa que Puigdemont pueda regresar de inmediato a Cataluña, ya que ahora deberán librar una nueva batalla con la cúpula judicial española.
Carles Puigdemont reaccionó minutos después en su cuenta oficial de X con un artículo en el que afirmó que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado lo que ya sabíamos desde el primer día: que la Ley de Amnistía que exigimos para la investidura de Pedro Sánchez, y que aprobamos después de que se incorporaran las exigencias de Junts per Catalunya en relación con las fantasiosas acusaciones de terrorismo, no contradice en absoluto el derecho de la Unión». El expresidente advirtió de que «si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral no sólo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo. El TJUE no podía ser más nítido, y no ha dejado ninguna brecha a través de la que se pueda discutir nuestra victoria». Puigdemont calificó el fallo como «una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán ante los poderes del Estado español».
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también valoró la decisión del TJUE y aseguró que «el TJUE ha hablado y valida la esencia de la Ley de Amnistía», aunque consideró que se trata de «una victoria del independentismo, todavía incompleta». Junqueras afirmó que la sentencia demuestra que «la represión no podía ser la respuesta a un conflicto democrático» y pidió al Tribunal Supremo que actúe «sin más dilaciones», porque «ya no hay excusas y la ley se tiene que aplicar». El dirigente de ERC, afectado directamente por la norma, subrayó que todos los afectados «tienen que ser amnistiados de manera inmediata», a pesar de que la decisión del TJUE no implica que se mantenga vigente la pena de inhabilitación hasta 2031. «Los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura con intereses partidistas», añadió.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se pronunció en su cuenta oficial de X y señaló que «la única duda es si el Supremo y en concreto Marchena aplicará una sentencia basada en una lógica que le trasciende» o si el juez «seguirá aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico». Rufián destacó que «hay dos claves»: la primera, que «todo pasa en plena guerra judicial contra el Gobierno»; la segunda, que «el PP y Junts hablan, pactan y votan como nunca». «Veremos qué corriente se impone», concluyó.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se sumó a las reacciones desde el Palacio de la Generalitat y celebró la decisión del TJUE. El socialista afirmó que «el tiempo» les ha «dado la razón» y pidió a los tribunales españoles una aplicación «diligente, integral y sin subterfugios», alegando que «ya no hay ningún obstáculo que impida la plena aplicación de la ley». Illa destacó que «es una muy buena decisión para Cataluña, para España y para la democracia».
El Gobierno de Pedro Sánchez también recibió el fallo con satisfacción. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo calificó como «un gran día» y afirmó en declaración institucional que «queda despejado el horizonte para la plena aplicación de la ley», validada «desde tres ópticas diferentes: derechos humanos, constitucional y europea». La Gran Sala del TJUE consideró que la norma no vulnera los intereses financieros de la UE ni contraviene la directiva antiterrorista, siempre que se respeten los derechos fundamentales. Este fallo, esperado desde hace meses, abre la puerta a una aplicación completa de la medida de gracia aprobada en 2024, aunque su implementación final dependerá de los tribunales españoles, especialmente del Tribunal Constitucional.
El aval del TJUE representa un nuevo capítulo en el largo conflicto político y judicial entre el independentismo catalán y el Estado español. Mientras los líderes separatistas lo celebran como un triunfo, advierten de que la lucha por la aplicación íntegra de la amnistía y el reconocimiento de sus derechos políticos está lejos de terminar. La pelota está ahora en el tejado de los tribunales españoles, que deberán decidir si acatan la sentencia europea o mantienen su resistencia.