La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visto cómo su círculo de confianza más cercano, formado por colaboradores que ella misma rescató de la Junta de Andalucía para ocupar altos cargos en la Administración central, se ha visto salpicado por investigaciones judiciales por presunta corrupción. El grupo, conocido extraoficialmente como el 'clan andaluz' o 'clan del rebujito', incluye a varios ex altos cargos que ahora están bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El principal rostro de esta red es Vicente Fernández, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019. Fernández, que durante años fue el hombre de máxima confianza de Montero en la Junta de Andalucía, donde ejerció como interventor general y secretario general de Innovación, Industria y Energía, fue detenido a finales de 2025 en el marco del 'caso Leire'. La UCO le investiga por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La trama, bautizada por los investigadores como 'Hirurok', habría tejido una red de influencias para cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en adjudicaciones públicas o en la concesión de fondos de ayuda económica por la pandemia. Entre los casos bajo sospecha figura el rescate de 112,8 millones de euros a la siderúrgica Tubos Reunidos, así como supuestas concesiones ilícitas a la empresa Servinabar, propiedad del empresario Antxon Alonso y vinculada estrechamente con el número tres del PSOE, Santos Cerdán.
El origen de este círculo se remonta a la etapa de Montero al frente de las consejerías de Sanidad (2004-2013) y Hacienda (2013-2018) en la Junta de Andalucía. Cuando Montero llegó a Madrid en 2018 como ministra de Hacienda en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, promocionó a varios de sus colaboradores andaluces a puestos clave. Tras la victoria del PP en las elecciones andaluzas de finales de 2018, muchos de ellos encontraron un pasaporte directo a la Administración central.
La relación personal entre estos dirigentes se ha mantenido durante años en torno a una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, conocida como 'Los Mimogas'. En esa caseta, cuya adjudicación al exconcejal socialista Alfonso Mir fue objeto de controversia, coincidían habitualmente Montero, Fernández, el propio Santos Cerdán y otros dirigentes del PSOE andaluz. Este vínculo de amistad y complicidad política dio origen al apodo de 'clan del rebujito'.
Tras la salida de Vicente Fernández de la SEPI en octubre de 2019, después de ser investigado por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (de la que finalmente fue absuelto), Montero mantuvo como presidente interino a Bartolomé Lora. Dieciocho meses después, nombró a otra colaboradora de su etapa andaluza, Belén Gualda, quien había ocupado cargos en la Agencia de Obra Pública y en Medio Ambiente bajo su tutela. La UCO señala que la influencia de Fernández en la SEPI se prolongó más allá de su cese, y que mantuvo acceso a documentos confidenciales.
La reacción de Montero ante la investigación ha sido cambiante. Inicialmente defendió a Fernández alegando que los hechos investigados eran posteriores a su salida de la SEPI y que cuando lo nombró no existía «ningún indicio» para sospechar de él. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la vicepresidenta terminó reconociendo que se arrepentía de haber «confiado» en él. Este caso supone el primer gran revés político para el grupo de altos cargos procedentes de Andalucía que Montero situó en el Gobierno central.
La investigación del 'caso Leire' continúa abierta, y su evolución podría tener implicaciones políticas para el Gobierno, al poner en el foco las redes de confianza tejidas por una de las figuras más poderosas del Ejecutivo, que se definió a sí misma durante la campaña electoral andaluza de 2025 como «la mujer con más poder en el conjunto de la democracia».